Para que reevalúe acusación:
Audiencia de caso “Colegio Salazar Bondy” ayer en Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria.
El Juez Eudosio Escalante Arroyo devolvió su requerimiento mixto al Fiscal Carlos Roncal Cancino para que reformule su postulación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la licitación y ejecución de la reconstrucción del Colegio “Augusto Salazar Bondy”.
En esta carpeta fiscal, Carlos Roncal Cancino solicitó el sobreseimiento (archivo) del delito de colusion para los investigados César Álvarez Aguilar, Verónica Pamela Bermudez Rodríguez, William Teddy Bejarano Rivera, Cecilia del Rocío Alfaro García, Oscar Edward Salgado Olivo, Carlos Mantilla Jacobo, Jessica Janet Palacios Alí, José Requena Cornejo (estos dos últimos supervisores de la obra) y la representante de la empresa Consorcio Buenos Aires, Fay Estela Ortega Torres de Carrillo.
En este punto, el Juez ha considerado que si la licitación se llevó a cabo sin haberse aprobado las bases, dicho acto podría implicar un acto colusorio que debe sancionarse, sin embargo, el Fiscal Roncal Cancino considera que no existen más elementos de convicción sobre esta presunta concertación y por ello pidió el archivo del delito de colusion.
Ante ello, Juez ordenó ayer que el Fiscal reevalue su postulación y vuelva a emitir pronunciamiento.
En esta misma carpeta, el Fiscal Carlos Roncal Cancino formuló acusacion contra los ex funcionarios de la Sub Región El Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra, Verónica Pamela Bermudez Rodríguez, William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia del Rocío Alfaro García en calidad de autores del delito de negociación incompatible de cargo en agravio del Estado.
Para estos cinco imputados, el Fiscal Carlos Roncal Cancino ha solicitado una pena de 5 años de prisión efectiva, argumentado que tramitaron todo el procedimiento administrativo de licitación con una celeridad inusitada, con documentos internos sin sellos de recepción, tramitados en horas y sin contar con la asignación presupuestaria que garantice la existencia de fondos para ejecutar la obra.