La Contraloría General de la República halló a dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Pallasca como presuntos responsables por permitir que una persona inhabilitada para ejercer el cargo público, continúe laboraron en dicha entidad.
Según el Informe de Control Específico N° 013-2024-2-0341-SCE, dichos servidores al aceptar que el servidor condenado e inhabilitado durante el periodo 2021 – 2022, han generado desembolsos por S/ 29,877.28 soles, ocasionando un perjuicio económico a la Entidad.
Con lo que respecta al hecho, durante los años mencionado, el subgerente de Recursos Humanos permitió que una persona inhabilitada por el Poder Judicial para ejercer cargos públicos, continúe laborando. Asimismo, fue también la secretaria general de la Entidad, quien era la encargada de distribuir la documentación en general que ingresaba a la municipalidad, de no efectuar dicha distribución al titular de la Entidad, un documento donde se recomendaba la destitución automática del servidor inhabilitado.
El servidor inhabilitado responde al nombre de Rubén Ronald Vásquez Vásquez, quien fue acusado por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Santa, por ser autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado culposo agravado en agravio de la Municipalidad Provincial de Pallasca, imponiéndole tres años de pena privativa de la libertad suspendida en diciembre del 2018.
Por otro lado, se conoció que el subgerente de Recursos Humanos; Roberto Jairo Brito Cabrera, permitió que Rubén Vásquez continúe laborando, pese a estar inhabilitado, encargándole funciones en distintos cargos, efectuándole desembolsos por S/ 27,563.05.
Del mismo modo, la Secretaria General; Selene Yanira De La Cruz Zotelo, no cumplió con la función de distribuir el documento al titular de la Entidad, sobre la destitución automática de Vásquez Vásquez, ocasionando un perjuicio económico a la Entidad por S/ 2,314.23 soles.
Por dicho motivo y lo expuesto en el documento, la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, iniciará acciones civiles contra los servidores mencionados para determinar sus responsabilidades en el hecho.