Adjudicaciones y saneamiento, Chinecas:
El Decreto Supremo N°002-2004-VIVIENDA, es la norma que aprueba el Reglamento para la venta de terrenos en el ámbito de los proyectos especiales hidro energéticos y/o de irrigación de las leyes N°27887 y N°28042; esta normativa es clara y directa respecto a la adjudicación de tierras, que en el caso que nos ocupa, el Proyecto Especial Chinecas, fueron los beneficiarios los que no cumplieron con este esquema legal planteado desde el ejecutivo.
El reglamento puntualiza quienes son los beneficiarios de la Ley N°27887 y de la ley N°28042 e incluso los disgrega por grupos y hasta el permite formar parte de organizaciones asociativas. Otorga plazos que indica las entidades que se harán cargo de este proceso adjudicatario que podrían ser el Gobierno Regional, como INADE y donde cada proyecto especial constituirá una comisión de adjudicaciones.
En el procedimiento de calificación de beneficiarios indica que las personas que se consideren beneficiarios de la Ley N°27887 dirigirán su solicitud de adjudicación de terreno al respectivo proyecto especial dentro de un plazo máximo de 60 días calendario a partir del día siguiente de publicada la resolución, de acuerdo a los modelos de los anexos 1 y 2 de la presente normativa.
Incluso señalan hasta requisitos para la adjudicación como damnificados por desastres naturales, y también requisitos para pequeños agricultores sin tierra con especificaciones puntuales y con documentos de certificaciones que están al alcance de cualquier ciudadano, como constancias de defensa civil, constancias de la agencia agraria o el administrador técnico del distrito de riego, constancias de la PNP o del juez de paz de la jurisdicción y declaraciones juradas.
También existen los beneficiarios de la Ley N°280842 a los cuales se otorgan los mismos plazos y deben dirigir las solicitudes al Proyecto Especial respectivo y si pertenecen a alguna asociación los documentos deben presentarse a través de ese grupo y el requisito fundamental de acreditar la posesión libre y pacífica del año 2000 en adelante.
El reglamento de más de 45 páginas fue una especie de letra muerta e incluso se dictaron dos leyes posteriores para estos mismos beneficiarios, pero ninguna se cumplió porque no lo quisieron hacer, y esos beneficiarios de ese momento distintos a los que hoy día reclaman que no se les debe decir invasores.
Estas dos leyes caducaron y a pesar que estuvo aquí una Comisión del Congreso, no se les ha pedido una norma que permitan mantener a esos beneficiarios que ya no lo son de ambas leyes.
Aquí en estas páginas el abogado Donato Díaz Nieto, ha manifestado, en varias oportunidades, que es esas leyes están caducas y así mismo ha puntualizado que el convenio firmado entre el MIDAGRI y el GORE ANCASH es inviable.
En algún momento pensamos que teniendo la Comisión Agraria aquí en nuestra ciudad se le iba a pedir la legalidad y actualización de ambas normas, las leyes N° 28887 y N° 28042, es decir elaborar otra ley que permita la legalidad de las normas caducas, pero eso no sucedido.
NOTA DE REDACCIÓN. – Contrabando. El representante de la Asociación Agroexportadores de Ancash, Roger Reyes Vereau, que estuvo en agenda para emitir su opinión en la reunión de la Comisión, es decir, que estuvo planificado su participación y que incluso tiene de por medio proyecto de leyes presentados, calificó la ausencia de la adjudicación de tierras y falta de saneamiento físico legal a los serios problemas en el marco normativo. Nunca tuvo autocritica porque pertenece a un grupo distinto de los iniciales posesionarios. El grupo que representa Reyes Vereau, son aquellos que tienen en posesión más de 40 hectáreas y que se autodenominan agroexportadores, solo acumulan tierra para alquilar y no para producir con ocupantes altamente descalificados (algunos) y que quieren pasar de contrabando en este saneamiento físico legal que se ha emprendido oficialmente. Por eso propone 3 alternativas, la primera es continuar con la informalidad, la segunda es el desalojo y la tercera es la venta directa. Este grupo esta asesorado por Rómulo Antúnez, y, además, cuenta con el contacto directo de la congresista Portalatino que forma parte de esta Comisión Agraria. Para ellos los beneficiarios de las leyes N°27887 y N°28042, son todos y ese es un insulto a la inteligencia de todos los chimbotanos. Ese grupo es decir esa Asociación es diferente a los de las otras asociaciones que tienen agricultores con lotes de 5 hectáreas. Ellos los denominados agroexportadores (muchos no saben de agricultura solo alquilan tierras), quieren tener los mismos beneficios, por eso gestionaron la presencia de la Comisión aquí y esa reunión previa con presencia de los congresistas Gonza y Cerrón. Además, debe ser imperativo que se conozca como llegaron a tener esa enorme cantidad de tierras. (El Editor)