Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En el Perú, se ha instalado una preocupante situación en la que fiscales investigados por diversos delitos e infracciones constitucionales continúan ejerciendo sus cargos, lo que constituye un claro ejemplo de lawfare o “guerra jurídica”.
Estos fiscales se defienden desde la misma Fiscalía, facilitando el acceso a las investigaciones en su contra y ejerciendo influencia sobre quienes llevan dichas pesquisas. En algunos casos, incluso dirigen las investigaciones contra sus propios denunciantes.
En el Perú, parece que algunos fiscales han convertido a la Fiscalía en su propio bastión para defenderse de las acusaciones en su contra, utilizando los mismos mecanismos que deberían servir para investigar delitos.
Esta situación pone en riesgo la institucionalidad y la credibilidad del sistema de justicia peruano. Como bien se señala, la defensa de la institucionalidad debe primar sobre cualquier otro criterio. No se puede permitir que la Fiscalía, un pilar fundamental del Estado de Derecho, sea manchada por el accionar de operadores políticos disfrazados de fiscales que dirigen investigaciones con criterios políticos.
La solución pasa por devolver la dirección de las investigaciones a profesionales de la Policía Nacional. Los fiscales investigados deben ser apartados de sus cargos hasta que se esclarezcan las acusaciones en su contra. De lo contrario, se corre el riesgo de que el lawfare se convierta en una práctica generalizada, donde los funcionarios públicos utilicen el sistema judicial para defenderse y atacar a sus adversarios, socavando así la democracia y el Estado de Derecho.
El lawfare se caracteriza por el uso indebido del Derecho, en el ámbito de la política, como un arma de guerra política para destruir la imagen pública y la inhabilitación de un adversario o enemigo político.
Es imperativo que el Congreso y las instituciones pertinentes tomen cartas en el asunto y pongan fin a esta situación anómala. La credibilidad de la justicia y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones están en juego. El Perú no puede permitirse seguir siendo el único país donde los fiscales se convierten en sus propios jueces.