Secretaria de Sindicato de USP:
- Todo depende ahora de la Asamblea Universitaria, el máximo órgano de gobierno de la USP.
- Sindicato les ha enviado una carta a todos los asambleístas señalándoles que la universidad no tiene autoridades.
- Blanca Silva asegura que Javier Ulloa miente, porque quiere hacer que el estatuto del 2018 esté vigente y eso no es cierto. Ese estatuto no está inscrito en SUNARP.
“De la primera a la cuarta esquela, son las mismas observaciones. Lo que Sunarp solicita es el acta de elección del Comité Electoral en la Asamblea Universitaria, porque no está firmada por la mayoría de asambleístas, pues hubo problemas, incluso a un asambleísta lo sacaron, lo retiraron y regresó con orden judicial y no esta su firma”, señaló a este Diario la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores no Docentes de la Universidad San Pedro, Blanca Silva Baca.
El problema generado en la Universidad San Pedro es porque SUNARP ha rechazado en cuatro oportunidades la inscripción de la autoridades es decir el rector y sus vicerrectores y ahora la SUNEDU le ha retirado las firmas del registro de grados y títulos. Hace algunas días atrás el rector Javier Ulloa Siccha decía que era reconocido por SUNEDU, pero ahora que lo retiraron, dice que se mantendrá en el cargo.
“No tienen el acta de la asamblea donde se elige el comité electoral, por eso no lo presentan, tampoco hubo quorum pues solo hay firma de tres asambleístas. Esa acta no está y eso pide SUNARP”, señalo Silva Baca, ante preguntas sobre aquellos documentos que no han logrado presentar en SUNARP y que ahora dicen van subsanar las observaciones.
El otro tema son los seis meses que indica el estatuto del 2014 que esta inscrito en SUNARP que es el plazo de tiempo para que el comité electoral funcione, pero ellos han presentado solo tres. Eso no se puede revertir, no podemos volver atrás.
Agrega además que el Sindicato les está solicitando a los integrantes de la Asamblea Universitaria que autoconvoquen una asamblea con carácter de urgente pues la universidad se encuentra acéfala, no tiene autoridades desde el 14 del presente y si omiten sus funciones pueden conllevar a una serie de delitos civiles y penales.
Señala Silva Baca que en la carta remitida a los asambleístas les recuerdan que en las observaciones de los registros públicos los defectos subsisten “las constancias de convocatoria y quórum, referente a la asamblea universitaria del 19/1/2023. Se encuentran incompletas, toda vez que se omite parte de los datos de la certificación de firma en la constancia de convocatoria y los datos completos de los asistentes (números de DNIs) en la segunda hoja de la constancia de quorum que no se han subsanado”.
La solución a los problemas se tiene que dar en la asamblea universitaria, porque ellos pueden elegir al profesor más antiguo para que gestione la universidad y se le pude presentar ante la SUNEDU para la firma de grados y títulos. Les hemos enviado cartas a cada uno de ellos. Ellos son el máximo órgano de gobierno de la universidad. Además, puntualizó que los actos que realicen en adelante después del 14 del presente Ulloa Siccha y los vice rectores son nulos.
Para SUNARP quien debe convocar a elecciones es el Dr. Gilmer Díaz Tello, pero él ya no puede hacerlo porque él ha renunciado a la universidad. Diaz Tello no tiene vinculo alguno con la universidad, por lo tanto, debe ser el segundo de aquella gestión es decir el vicerrector académico de entonces Oscar Cruz. Esta es la salida legal que SUNARP aprobaría, afirma Blanca Silva.
Así mismo subraya, que Ulloa Siccha quiere hacer creer y convencer la gente dentro y fuera del ámbito de la universidad que se va a utilizar el estatuto del 2018 , pero ese estatuto no está inscrito en la SUNARP. El dice que continuará en el cargo y está haciendo lo posible para que la Asamblea Universitaria le otorgue facultades, pero eso es ilegal, Ulloa Siccha ya no es rector. Es mentira lo que él dice.
Se recuerda asimismo que Silva Baca interpuso una denuncia en el Ministerio Público la cual se encuentra en proceso de investigación. El delito es fraude en la administración de personas jurídicas y están involucrados Javier Ulloa Siccha, Rogelio Castañeda y Javier Martínez Carrión. Los involucrados ya desfilan por las oficinas del ministerio público.