La verdad de Chinecas:
El pasado 18 de mayo los congresistas Kelly Portalatino Ávalos, Waldemar Cerrón Rojas y Américo Gonza Castillo, todos ellos del partido Perú Libre, vinieron a Chimbote con un objetivo que, a todas luces, nada tiene que ver con su función de fiscalización, ni mucho con el propósito de poner orden en el proceso de saneamiento de las tierras de Chinecas, como pretender hacer creer.
Hasta donde se ha podido conocer, ellos vinieron expresamente para reunirse con un grupo de invasores que se hacen llamar “agro-exportadores” y que poseen parcelas de 50, 100 y hasta 600 hectáreas. El objetivo no sería otro que impulsar la promulgación de una ley con nombre propio y a pedido del cliente, que conceda a los agro-exportadores las mismas prerrogativas que las leyes 27887 y 28042 otorgan a los invasores de hasta 5 hectáreas. Es decir, quieren adueñarse de las tierras como comprar papas en el mercado, sin el requisito legal de la subasta pública. Como ha trascendido, la reunión tuvo lugar en la oficina particular del empresario Luis Costas Moya, uno de los autodenominados agro-exportadores.
Al respecto, cabe precisar que, tanto los unos como los otros, han ingresado a las tierras de Chinecas por la puerta de la ilegalidad, ya sea tomando las tierras por la fuerza o haciendo valer un contrato de compraventa otorgado por la comunidad de indígenas de Chimbote y Coishco, una institución fuera de la ley que se dedica exclusivamente al tráfico de tierras.
Estas personas jamás han pagado un sol al estado, ni por el terreno que ocupan ni por el agua que sustraen para regar sus sembríos. Y en el colmo de la audacia, los agro-exportadores justifican su presencia alardeando haber realizado exportaciones por más de mil millones de soles. Lo que no han dicho es cuánto han pagado al estado por impuestos de exportación.
Nada de esto hubiera ganado titulares de primera plana si no fuera por aquello de que el pez por la boca muere. El pasado lunes 24, el proyecto especial Chinecas hizo público un pronunciamiento institucional que ha alborotado el gallinero al interior de la Comisión Multisectorial a Favor del Proyecto Especial Chinecas del Congreso de la República. En este documento, se hace hincapié en que la referida comisión “ha sido creada para impulsar la ejecución de Chinecas y no para generar conflictos entre los agricultores beneficiarios de las leyes 2887 y 20942”.
En otro acápite, el pronunciamiento va más allá. Sin titubeos ni medias tintas, señala que la congresista Kelly Portalatino Ávalos “está promoviendo la inscripción de agricultores de manera virtual mediante formulario web”. En otras palabras, advierte que la parlamentaria, en vez de ejercer su labor de fiscalización, estaría asumiendo indebidamente atribuciones ejecutivas.
Al respecto, el pronunciamiento recuerda que el reglamento interno del Congreso de la República prohíbe a los legisladores “intervenir a favor de terceros (los agroexportadores) en causas pendientes de resolución ante el Poder Judicial”. En efecto, la situación de muchos de ellos se encuentra judicializada. Más claro, ni el agua que los invasores sustraen del canal principal de Chinecas.
En una reciente reunión de la comisión fiscalización, a la que fue citado el gerente de Chinecas, Camilo Carranza Lecca, la congresista Kelly Portalatino, la última ministra de Salud del golpista Pedro Castillo, no pudo controlar su genio. En un exceso de autosuficiencia, exigió al funcionario a pedir “perdón” por los términos del pronunciamiento. ¿Quién es ella para hacer justicia con sus propias manos?. Si los términos del pronunciamiento fueran falsos u ofensivos, ella tiene todo el derecho de interponer contra Camilo Carranza una querella por difamación. ¿Por qué no lo hizo?
Sin embargo, hay algo que no está escrito en el pronunciamiento pero que ha quedado flotando en el aire. Por principio de ética, los congresistas que vinieron a Chimbote para tratar un asunto particular en la oficina del empresario Costas Moya, deberán aclarar si los gastos de viaje y estadía fueron asumidos con su propio peculio o con recursos del estado. Si realmente vinieron en misión oficial, lo correcto hubiera sido que la reunión se realice en las oficinas de Chinecas o en un local de uso público.
Justamente por cosas como ésta, más del 95 por ciento de peruanos desaprueba la gestión del actual Congreso de la República, el más desacreditado de la historia. Como se puede ver, lo que impulsa la labor de muchos congresistas no es el amor al chancho sino a los chicharrones.