Por: Víctor Andrés Ponce (*)
– La urgencia de la reforma estatal para fomentar inversión y desarrollo.
No es exagerado sostener que la inversión de más de US$ 7,500 millones de dólares que Cosco Shipping Ports desarrollará en todas las etapas del puerto de Chancay, no solo convertirán al Perú en el eje de conexión del Pacífico con el Atlántico, sino que también transformará al país en un hub logístico, tecnológico e industrial a nivel planetario. Las bendiciones que ha recibido el Perú de la geografía lo convierten en un protagonista mundial en el sur de las Américas. Semejante situación, por ejemplo, ha despertado el interés de los Estados Unidos y de la NASA para construir un puerto aeroespacial en Piura, por la cercanía del área con la línea ecuatorial del planeta, una situación que implica ahorrar miles de millones en los viajes espaciales.
Si a estas noticias le agregamos que el Perú tiene las mismas potencialidades portuarias de Chancay en los proyectos de Corío en Arequipa y Bayóvar en Piura, entonces, es evidente que nuestro país está a punto de convertirse en un protagonista mundial. Y si le sumamos todas nuestras posibilidades en minería –sobre todo en cobre y oro–, en la expansión de nuestras agroexportaciones sobre terrenos ganados al desierto, en el desarrollo de una industria de turismo de clase mundial, no es exagerado sostener que se avecina una nueva edad de oro para el Perú, tal como sucedió durante tres siglos de virreinato y la llamada época del guano.
Sin embargo, la posibilidad de una nueva edad de oro para el Perú, la posibilidad de convertir al Perú en un Hong Kong continental, no se convertirá en realidad si no se consolida un Estado de derecho en el que imperen la Constitución, las leyes nacionales y el respeto a los tratados internacionales. Es incuestionable que una de las trabas principales para consolidar el Estado de derecho es la extrema burocratización del Estado, que, a través de una floresta de sobrerregulaciones y procedimientos, ha convertido a la organización estatal en el peor enemigo del régimen económico de la Constitución.
Hoy el Estado burocrático bloquea inversiones, genera pobreza y promueve la informalidad de la sociedad. Si el Estado burocrático no es demolido a través de una reforma nacional estatal que simplifique los procedimientos y convierta al Estado en colaborador de la inversión privada y la sociedad, entonces, las megainversiones e infraestructuras que recibirá el Perú crearán enclaves de desarrollo y riqueza, separados de la realidad de la sociedad. Incluso el Congreso puede aprobar la creación de zonas económicas especiales; sin embargo, sin Estado de derecho, sin una reforma del Estado burocrático, cualquier inversión, cualquier criterio tributario promocional, solo generará islas de desarrollo y prosperidad rodeadas por mayorías en atraso y en pobreza.
Hoy, por ejemplo, ya se percibe el contraste hiriente entre la inversión del puerto de Chancay y las poblaciones y localidades adyacentes. Es el mismo contraste que suele desarrollarse entre una gran inversión minera que crea riqueza y reduce pobreza y las poblaciones adyacentes al proyecto, que carecen de agua potable, alcantarillado, electricidad, postas médicas, escuelas y carreteras. En todos estos casos el único responsable de las diferencias abismales entre el desarrollo y la pobreza es el Estado burocrático, el Estado sobrerregulado que en las últimas décadas contó con enormes cantidades de recursos aportados por las empresas a través de los impuestos. En el caso de la minería el asunto se agrava por la cantidad de recursos en manos del Estado y la incapacidad de este de proveer mínimos servicios.
Planteadas las cosas así, es extremadamente difícil hablar de la posibilidad de una nueva edad de oro para el Perú si es que no se consolida el Estado de derecho ni se demuele el Estado burocrático. No hay otro camino.
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.pe)