Lo vemos en Hospital Regional:
Esta historia, que es común en la mayoría de organismos e instituciones del estado, tampoco es ajena en los predios del hospital regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote. El 31 de diciembre del 2022, faltando apenas un día para que finalice la gestión del ex gobernador Henry Borja Cruzado y empiece la de Fabián Koki Noriega, la administración saliente del nosocomio adjudicó y contrató los servicios de mantenimiento y acondicionamiento del área de oncología, donde se brinda atención a pacientes de escasos recursos que padecen diversos tipos del terrible cáncer.
La contratación del servicio se refiere al mantenimiento y acondicionamiento de ambientes donde funcionan los consultorios externos, sala de quimioterapia y farmacia, entre otros. Este vital servicio fue adjudicado a los proveedores Argos Group Comunicaciones E.I.R.L. y Lanvas Perú S.A.C. por un total de 687 mil soles. De acuerdo con el contrato, los trabajos debieron ejecutarse en el plazo de 30 días.
En el momento en que se suscribieron los contratos, los servidores del hospital, encargados de esta gestión, se aseguraron de incluir en la relación de devengados del 2023 el mencionado presupuesto. De esa manera los proveedores no iban a tener problemas a la hora de cobrar su dinero tan pronto como concluyeran la ejecución del servicio.
De acuerdo con un informe del que nos hemos ocupado en nuestra edición de ayer, la Contraloría General de la República ha verificado que en enero del 2023 la nueva administración del hospital regional ha cancelado el íntegro del contrato, pero lo ha hecho a pesar de que los proveedores han abandonado los trabajos a medio concluir. En las fotografías que ilustran el informe de la Contraloría se observa que, efectivamente, los consultorios y demás ambientes del área de oncología están inconclusos, imposible de ser utilizados.
En un enrevesado cruce de declaraciones que han brindado los involucrados de una y otra parte, se afirma que los proveedores habrían devuelto los cheques de pago pero que, extrañamente, esta devolución, igual que las cartas fianza, no se habría ejecutado. Se habla incluso que los cheques se habrían extraviado como por arte de magia ya que hasta hoy nadie da razón de ellos. El informe del órgano de control concluye que el daño ocasionado al estado asciende a 429 mil 300 soles. La pregunta es: ¿y el daño que esta malversación ha ocasionando a los pacientes con cáncer a cuánto asciende?. ¿Quién o quiénes lo asumen este daño?.
Que el estado sea un buen perdedor, no llama la atención. Pero que los pacientes con cáncer tengan que sufrir las consecuencias de este acto de inocultable corrupción, ya es algo que va contra todo principio humanitario y asimismo contra todas las reglas de la tolerancia. Muchas de las personas que padecen de este mal, no disponen de los medios económicos para viajar a Lima u otras ciudades del país donde poder seguir un tratamiento. Alguien debe responder por eso.
El informe de Contraloría recomienda que se denuncie penalmente a nueve de los involucrados y que se someta a un proceso administrativo a otros tres; un pedido que el Ministerio Público y el Poder Judicial están en la obligación investigar y sancionar para que sirva de escarmiento. La vida y la salud son bienes supremos que deben prevalecer por encima de cualquier circunstancia, así la corrupción no se apiade ni del cáncer.