Durante 5 años:
Según informe de la Contraloría General de la República, un funcionario y servidores del hospital La Caleta, permitieron la continuidad de un profesional médico con sanción de inhabilitación permanente interpuesta por el Poder Judicial e inscrita en SERVIR, afectando el desempeño de la administración pública.
Mediante Informe de Control Específico N° 015-2024-2-0830-SCE, las personas que originaron dicho accionar fueron Ricardo Zenón Aguirre Flores (Director Ejecutivo); Jesús Toledo Sánchez (asesor legal); Juan Rafael Valderrama Chávez, Héctor Manuel Flores Matienzo y Arturo Augusto Reyes Mariluz (jefes de la unidad de personal); ocasionando a su vez, un perjuicio económico por S/ 449,188.11.
Tras una revisión del documento, se evidenció que, durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, los implicados no cumplieron con el mandato imperativo del Poder Judicial, sentenciado por el delito de peculado doloso; ni efectuaron las consultas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, permitiendo a Tufinio Noriega Edgar Marcos continuar laborando en el hospital La Caleta.
Asimismo, se ha verificado que, desde el 2018-2022, se ha realizado el pago de servicios a Tufinio Noriega, beneficiándolo hasta por S/ 449,188.11; cuando se encontraba inhabilitado.
En ese sentido, Ricardo Aguirre Flores como Director ejecutivo, se le atribuye responsabilidad por no dar cumplimiento a la resolución donde indica dar estricto cumplimiento al ordenado de no incluir trabajadores con inhabilitación del ejercicio público.
A Manuel Jesús Toledo Sánchez como asesor legal del hospital se le atribuye responsabilidad por haber emitido y suscrito el informe, dejando sin efecto el oficio que emitió el Sexto Juzgado, indicando la inhabilitación de Tufinio Noriega.
Del mismo modo a Juan Valderrama Chávez como jefe de la unidad de personal, porque pese a tener conocimiento de dicha resolución de inhabilitación, prosiguió con los trámites de contratación a Tufinio Noriega. Hector Flores Matienzo, con el mismo cargo, por haber recibido el informe legal y no adoptar acciones sobre la inhabilitación del profesional médico y; Arturo Reyes Mariluz, con el mismo cargo, por no revisar de manera periódica el RNSSC y permitir la continuación del médico en mención.
Por ello, los titulares de la Dirección Regional de Salud Ancash y el Hospital La Caleta deberán realizar acciones que deslinde las responsabilidades que correspondan, así como el Procurador Público de la Contraloría deberá iniciar acciones penales en contra de los implicados.