Una de las actividades ilícitas más comunes en nuestro país es el pésimo servicio público que prestan las empresas a los usuarios en general, la misma que queda en la impunidad y los pocos casos que se denuncian generalmente no encuentran el castigo esperado.
Conocidas son las quejas y denuncias de los usuarios del servicio de salud, del suministro de energía, de agua y alcantarillado y telefonía que son los que acumulan el mayor porcentaje de los cuestionamientos de los usuarios, empero, otro servicio que genera serios contratiempos y justificadas protestas de la ciudadanía es el transporte público.
Por lo menos en nuestra ciudad se tiene que enfrentar los abusos y excesos de choferes que no solo muestran el real rostro de la informalidad y procacidad cuando responden de manera atrevida a los usuarios, otros que no cumplen las rutas establecidas por la autoridad para el comité al cual pertenecen, también se registran quejas por el famoso “quinto pasajero” que finalmente fue erradicado y los reclamos más comunes tienen que ver con las tarifas pues la no existir control estatal sobre ellas los choferes las incrementan cuando se les viene la regalada gana, especialmente, cuando se especula con el combustible. Â
Sin embargo, en el transporte público existen muchas otras quejas que tienen que ver con el abuso y el atropello a los usuarios del servicio y una de ellas la hemos constatado el pasado fin de semana cuando los reporteros que cubren diariamente las noticias en el cono sur se encontraron con una treintena de personas que reclamaban con justificada razón en la Comisaría de Villa María tras haber sido abandonados en nuestra ciudad.
Se trata de personas que habían abordado un ómnibus de la empresa de Transportes “el Sol” en la ciudad de Lima para ser trasladados a Trujillo, para lo cual cancelaron su pasaje al momento de abordar el vehículo, empero, no se cumplió con el recorrido y los pasajeros fueron abandonados en nuestra ciudad.
Lo que ocurre es que en el trayecto la Policía detuvo al ómnibus en un operativo de rutina y al verificar su record de sanciones con los dispositivos informáticos con los cuales ahora cuentan, advirtieron que el vehículo no solo tiene sanciones por infracción al reglamento de tránsito, sino que se encontraba con una orden de captura e internamiento en el depósito por haber atropellado a un anciano en la capital.
Esto fue lo que les indicaron los Policías que intervinieron al vehículo a la altura del P. J. Villa María y cuando les solicitaron que abandonen la unidad porque tenían que trasladarla al depósito.
Obviamente, los estafados pasajeros se negaron a dejar el vehículo en razón que la empresa tenía que cumplir con el recorrido hasta Trujillo porque habían cancelado sus pasajes hasta ese destino, empero, la Policía no entiende razones y llevó al ómnibus cargado con todos los pasajeros hasta la propia sede policial.
Allí se quedaron varados cerca de 30 personas que reclamaban que los lleven a su destino, empero, desde la madrugada hasta las 10.00 de la mañana esperaron infructuosamente que los representantes de la empresa se acerquen con otro vehículo para que los lleven hacia su destino pero nunca llegó.
Una unidad de la Policía llevó a los pasajeros hasta el Terminal Terrestre para que allí busquen un transporte que los lleve hacia su destino, consagrándose de esta manera el terrible engaño que padecieron un grupo de personas cuyo único pecado fue confiar en que una empresa que ofrece un adecuado servicio cumpla con trasladarlos hasta su destino.
Lamentablemente, este incidente nos deja muchas lecturas y el sabor amargo de verificar, una vez mas, que nuestras leyes son letra muerta en el país y que las empresas que se encargan prestar servicio de transporte solo se interesan en ganar más y nunca se fijan en la clase de servicio que están ofreciendo al usuario.
Como el caso que nos ocupa en el que la Policía detectó a un vehículo de transporte interprovincial circulando a pesar que tenía una orden de captura por haber atropellado a un anciano en la capital de la república.
¿Cómo es posible que un vehículo con semejante apremio legal pueda estar desplazándose por las carreteras del país sin que nadie lo haya advertido? ¿La Superintendencia de Transporte en el país ya no realiza los acostumbrados operativos para verificar que los vehículos salgan en buenas condiciones y con su documentación en regla? ¿Será cierto que esa unidad ha estado trabajando por espacio de seis meses a pesar que ya no estaba autorizado para ello?
Esto último es cierto porque los propios quejosos señalaron que la policía les indicó que la orden de captura de este vehículo se remontaba a seis meses atrás y por ningún concepto podrían dejarlo continuar en su recorrido, lo que demuestra que no se trata de un error o una falta leve, por el contrario, la empresa ha venido utilizando este vehículo a sabiendas que estaba impedido de seguir circulando desde hace medio año atrás.
Esto ciertamente que califica el accionar de los administradores y gerentes de la empresa y asumimos que deberá tenerse en cuenta cuando se tenga que establecer la nueva multa por esta grave infracción, sin embargo, en el ambiente queda sembrada la sensación de impunidad y absoluto relajo en la prestación del servicio, esa percepción que exista en la colectividad en el sentido que las empresas hacen lo que se les viene en gana y no pasa absolutamente nada con ellas.
Ello porque en este caso son 30 personas quedaron varas y no existe alguna manera de exigir y obligar a la empresa a que concluya con el servicio a los pasajeros con otro vehículo de su propiedad, la policía debería tener la facultad para llevar a los pasajeros y demandar a los responsables de la empresa que los lleve a Trujillo porque había cobrado el pasaje para ese destino, como se procede en otros países.
La asociación de la defensa del consumidor en la provincia del Santa debería tomar nota de lo que ha sucedido con estas personas, si bien es cierto residen o trabajan en Trujillo y por ello ya no pueden hacer las quejas o denuncias pertinentes, allí están los partes de ocurrencia de la Policía y las informaciones de los medios de comunicación que exponen este inadmisible atropello a los usuarios. Esto se tiene que sancionar y estos organismos de defensa del consumidor deben hallar la manera de hacerlo, de lo contrario, quedaría sentado un funesto precedente para el futuro.