No por ser el único pero sí el más estridente de los últimos tiempos, el caso de corrupción del que ha sido protagonista el ex gerente de Chinecas, Camilo Carranza Lecca, ha repercutido con una connotación fuera de lo común. Este es un tema que sigue dando mucho qué hablar, pero que al mismo tiempo plantea una serie de interrogantes y conduce a una inevitable serie de reflexiones, entre ellas las siguientes:
SILENCIO TOTAL. A diferencia de todas dependencias que conforman el frondoso gobierno regional de Ancash, donde todos jalan agua para sus bolsillos, el proyecto especial Chinecas tiene la particularidad de ser una de las dependencias regionales más codiciadas, por decir lo menos. Y eso se debe no solo al elevado presupuesto que maneja y a la autonomía administrativa y financiera de la que dispone, sino también al hecho de que todo lo que ahí sucede, y que vienen de muchos años atrás, siempre queda encerrado dentro de sus cuatro paredes, sin que nadie más, ni la opinión pública, se dén por enterados. Por todo lo que se ha podido percibir en las últimas horas, existe en las altas esferas del gobierno regional de Ancash un inocultable afán por silenciar este caso de corrupción. El silencio dice más que mil palabras.
¿EL UNICO? IMPOSIBLE. En calles, plazas y medios de comunicación, el comentario concluyente es uno solo: ninguna dependencia pública regional o local está libre de caer en la tentación de las garras de la corrupción. Desde la compra de un lapicero hasta la licitación de una obra, todo requerimiento pasa inevitablemente por la concertación de un “arreglo” previo. Desde mucho antes que se solicite la compra del lapicero o que se convoque la licitación de la obra, los funcionarios de estas dependencias ya saben con la mayor certeza quién o quiénes van a ser los afortunados proveedores. Ni Chinecas, ni ninguna otra dependencia regional, son la excepción.
EL HILO DE LA MADEJA. Pero hay algo en lo que sí es perentorio insistir. Ante la magnitud del escándalo, el gobierno regional, propietario legal de Chinecas, está en la obligación de dar la cara y poner las cosas en claro. Es cierto que la obra de reparación de caminos que ha dado lugar al escándalo, no se está ejecutando con dinero del estado sino de la aseguradora, que es una empresa privada y está cumpliendo con su obligación de reparar los daños causados por el ciclón Yacu. Pero eso de ninguna manera exime la responsabilidad de Chinecas y del gobierno regional como parte interesada. Sobre todo, después de haber recibido el adelanto de 1 millón 600 mil, soles, que equivale al 40 por ciento del total del contrato. Es más, la obra es de propiedad del estado y en ese sentido es inevitable aclarar cómo es que el consorcio Kraus, el mismo que ha coimeado al funcionario estatal Carranza Lecca para que acelere el pago de sus valorizaciones, se ha hecho de la licitación. ¿Hubo Licitación? ¿Va a seguir al frente de la obra?.¿Quiénes están detrás del consorcio?. Este podría ser la punta del hilo de una de las tantas madejas que envuelven la corrupción en el ámbito regional.
¿Y LA FISCALIA ANTICORRUPCION? . En aplicación de la normatividad vigente, ha quedado establecido que Carranza Lecca no ha cometido ningún delito contra el estado. Los 2000 soles que recibió de coima han salido de la aseguradora, a través del Consorcio Kraus, ambas empresas privadas. Los 5 años de pena privativa que le ha impuesto el Poder Judicial los va a cumplir en libertad previo pago de una reparación civil de 12 mil soles. Una ganga. Pero eso no quita que la Fiscalía Anticorrupción cumpla con su papel de salvaguardar los intereses del estado. Si se lo propone, este órgano del ministerio público tendría en sus manos mucho pan qué rebanar al interior de Chinecas. Hasta hoy no se sabe, por ejemplo, en qué situación van a quedar los invasores de casi el 50 por ciento de las tierras de Chinecas, que son de propiedad del estado. Asimismo es necesario que se sepa quiénes son los funcionarios que autorizan la apertura de compuertas del canal principal para que los invasores, que ahora reclaman llamarse posesionarios, puedan irrigar sus tierras con total libertad.