Editorial

Minería ilegal y encubrimiento

No escuchar una voz de alerta a su debido tiempo, hace que tarde o temprano cualquier desastre  ecológico causado por la mano del hombre, se produzca en forma inexorable y ocasione gravísimos daños, para que recién  entonces se pueda ver la reacción del gobierno. Hace cuatro meses, el alcalde  la municipalidad provincial de Pallasca, Manuel Hidalgo Sifuentes, asegura haber alertado a los organismos del gobierno regional y central  acerca de una inminente  contaminación que ya venía venir, pero su advertencia no fue tomada en cuenta.

En una visita que realizó a la laguna de Pelagatos a fines del mes de marzo,  la autoridad municipal pudo advertir que  los efluentes generados por los relaves y  la explotación aparentemente  ilegal de hasta tres  pasivos mineros, todos ellos  ubicados en el distrito de Pampas, eran evacuados directamente hacia el río Plata. el mismo que a su vez desemboca en el río Tablachaca, uno de los principales tributarios del río Santa.

Ni el ministerio de Energía y Minas, ni el ministerio del Ambiente, ni el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ni la Autoridad Nacional de Agua, y, por último, ni la Fiscalía del Medio Ambiente, se dieron por enterados de la advertencia del alcalde. Y si la escucharon, nada hicieron para evitar que el daño se produzca. ¿Esta voz de alarma tampoco llegó a oídos de la Dirección de Energía y Minas del gobierno regional de Ancash?.

Ya sea que  una sola la voz de alerta no haya sido suficiente para que se adopten las medidas del caso,  lo cierto es que las aguas del río Plata, contaminadas  por los relaves mineros con toda una gran carga de residuos químicos y metales pesados, se han terminado mezclándose con las del rio Santa, creando una situación de alarma hasta hoy sin precedentes.  El riesgo de esta contaminación alcanza por igual  al consumo humano, a la actividad agrícola y pecuaria, lo mismo que a la conservación de la flora y fauna silvestre.

Ha tenido que suceder esta grave tragedia ambiental, difundida ampliamente por las redes sociales,  para que los organismos  involucrados recién despierten de su letargo, después que el daño ecológico ya está consumado. Se afirma que, aún cuando se prohíba terminantemente la explotación de los mencionados pasivos mineros y el río Santa deje de recibir sus relaves, la presencia de residuos químicos y metales pesados, todavía se mantendrá en sus aguas por un tiempo  más. El daño aún no ha terminado.

De ninguna manera este percance no deseado puede servir de argumento para satanizar a la actividad minera. La minería legal no causa daño. Por el contrario genera múltiples beneficios. En el caso del Perú, se mantiene a la cabeza de las exportaciones, de la generación de empleo y de la redistribución de la riqueza a través del canon. Es en todo caso la minería ilegal y aquellos que la fomentan por lo bajo, quienes deberían ser objeto de un exhaustiva investigación y una merecida sanción; caiga quien caiga.

A diario se leen noticias sobre el particular. Si existe la minería ilegal y cada día cobra mayor protagonismo es porque detrás de ella hay autoridades y funcionarios públicos que la encubren. A los conductores de los volquetes que diariamente traen mineral bruto de la zona de Pallasca, la policía de carreteras jamás exige la presentación de documento alguno que acredite la procedencia o la legalidad del producto. Basta con la entrega de un sencillo para los dejen pasar. Cuando la minería ilegal y el encubrimiento se juntan, no hay quien los pare.