Mes y medio antes de reventar el escándalo, la Contraloría General de la República ya lo había advertido. En su Informe N° 22 del pasado 20 de junio, el órgano de control del estado da cuenta pormenorizada a cerca de las graves deficiencias que presenta la obra “Mejoramiento de la Institución Educativa N° 88212 Antonio Raimondi de Casma”. Han sido los supervisores de esta obra, que es ejecutada por la municipalidad provincial de Casma con una inversión de S/13¨953,91.00, quienes cayeron con las manos en la masa el viernes 9 de agosto luego de recibir una coima de 15 mil soles en efectivo, justamente a cambio de pasar por alto las referidas deficiencias.
Una de las observaciones hechas por la Contraloría se refiere al desprendimiento de concreto que se observa en algunas columnas, así como fallas en la unión de vigas y otros trabajos de albañilería, que ponen en grave riesgo la estructura física de la obra. Otra de las observaciones que dejan mucho qué pensar es el hecho que, en el momento de la inspección, no se hallaban presente los ingenieros supervisores ni tampoco personal de la municipalidad provincial de Casma, que es la unidad ejecutora de la obra.
Todo indica que, sin considerar la trascendencia de estas deficiencias, los ingenieros supervisores quisieron aprovechar la coyuntura para exigir a los representantes de la empresa contratista, Consorcio Los Álamos, el pago de una coima a cambio de elaborar un informe pasando por alto dichas fallas de construcción; ello a fin de allanar el camino para que la municipalidad de Casma haga efectivo el pago de valorizaciones, sin importar, por supuesto, la calidad de la obra.
Como es de público conocimiento, inmediatamente después de ser intervenidos ambos profesionales se han acogido a la figura legal de terminación anticipada. Con ello tienen asegurada la reducción de la pena a la que se han hecho merecedores y la ventaja de poder continuar en libertad el proceso por el delito de cohecho en el que se hallan incursos.
De acuerdo con la información colgada en el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, OSCE, uno de los supervisores, Julio Martínez Estrada, no es ningún extraño en estos menesteres. Aparte del colegio Antonio Raimondi de Casma, en este momento tiene otros 5 contratos de supervisión con el gobierno regional de Lima; 2 con la municipalidad distrital de San Marcos, el municipio más millonario del país. Asimismo, 4 con la municipalidad provincial del Santa; 4 con la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote. También con la municipalidad provincial de Pallasca y el gobierno regional de Ayacucho.
A partir de este codiciado récord nacional, es inevitable deducir que lo acontecido con el colegio Antonio Raimondi de Casma, no tiene por qué ser una excepción. En cada obra que se ejecuta con dinero del estado, se cuecen habas. Eh ahí la razón por la que proliferan obras paralizadas, así como el reinicio de obras con nuevo presupuesto y ampliaciones de plazo que afectan severamente las expectativas de la población; una epidemia que recorrer y causa estragos hasta en los últimos rincones del país.
Si a todo eso añadimos la labor de un sistema jurídico tolerante, que pretende vencer a la corrupción con guantes de seda y que ha dejado atrás el enunciado de que funcionario público que delinque debe ser sancionado con el doble de la pena, vemos con impotencia y amargura que cada día hay razones más que suficientes para que la coima siga imparable.