Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Mientras tu madre, padre, hermano, tío, primo o vecino moría de #Covid19 en las afueras de un hospital por falta de camas, oxígeno y vacunas, Martín Vizcarra, ese despreciable sujeto que nos gobernó por accidente, se vacunaba en secreto junto a su familia y sus más cercanos colaboradores, bajo el lema de su gobierno “El Perú primero”. Esta hipocresía no solo revela la falta de ética de un líder que debería haber estado al servicio del pueblo, sino que también pone de manifiesto la profunda crisis de confianza que enfrentamos como sociedad.
Mientras el pueblo sufría y los cadáveres se acumulaban en bolsas negras en los estacionamientos de hospitales cuyos sistemas de refrigeración colapsaban, Vizcarra se negaba a recibir donaciones de oxígeno de la empresa privada. En su lugar, negociaba pruebas rápidas inservibles y encubría sus latrocinios en Moquegua, disfrutando de presuntas coimas brasileras. Este comportamiento, que raya en lo criminal, es un insulto a la memoria de más de 250,000 peruanos que perdieron la vida durante su mandato, un periodo marcado por la corrupción, la persecución política para encubrir fechorías y la inconstitucional disolución del Congreso para evitar que la oposición lo investigue y acuse.
A pesar de las múltiples investigaciones fiscales, procesos judiciales abiertos y 16 denuncias constitucionales en trámite en el Congreso de la República, Vizcarra sigue en libertad. Aunque dejó de gobernar oficialmente al ser vacado, parece que continúa ejerciendo influencia en la fiscalía y el poder judicial, lo que plantea serias dudas sobre la independencia de estas instituciones y su compromiso con la justicia.
La impunidad de Vizcarra es un reflejo de un sistema que permite que aquellos gobernantes que han abusado del poder escapen a la justicia. La ciudadanía no puede permanecer en silencio mientras este tipo de personajes se burlan de las leyes y de la memoria de aquellos que perdieron la vida en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. La falta de acción por parte del sistema de administración de justicia es una traición a la confianza pública y un insulto a las familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos.
Es fundamental que el Congreso y el sistema judicial actúen con firmeza y determinación frente a este caso. No se puede permitir que la corrupción y la impunidad sigan reinando en el país. La justicia debe prevalecer, y aquellos que han abusado de su posición de poder desde el gobierno deben rendir cuentas por sus acciones. La lucha por la justicia no es solo una cuestión legal; es una cuestión moral que debe ser defendida por todos los ciudadanos.
La memoria de quienes perdieron la vida durante la pandemia debe ser honrada con acciones concretas que aseguren que la justicia se aplique sin distinción. Este es un llamado a la acción para todos los peruanos que creen en la justicia y en un futuro mejor para nuestro país. La impunidad de Martín Vizcarra no puede ser tolerada.
Es hora de que los ciudadanos se unan en la defensa de un sistema judicial que funcione adecuadamente y que no se vea influenciado por intereses políticos. Es hora de una reforma del sistema de administración de justicia. Solo así podremos construir un país donde la dignidad y los derechos de cada ciudadano sean respetados y protegidos. La justicia no es solo un derecho; es un deber que debemos cumplir para garantizar un futuro donde la corrupción no tenga cabida.