Cuando no terminábamos de comentar la nueva condena que ha impuesto la Corte Superior del Santa a los promotores del fraude regional conocido como la “desratización”, desde la Corte Suprema se dio cuenta de la decisión final que adoptó la Primera Sala Penal Transitoria al confirmar en parte la sentencia expedida contra los primeros nueve investigados de este juicio emblemático que concitó la expectativa de la población.
En efecto, el martes último la Segunda Sala Penal de Apelaciones concluyó el juicio oral que por segunda ocasión se realiza contra el denominado operador de la red de corrupción de Ancash, Binci López Sánchez, uno de los promotores del fraude de la desratización que se concretó en la Sub Región Pacífico.
Decimos “por segunda ocasión” en la medida que el mismo investigado había sido enjuiciado y condenado a 12 años de prisión luego de haberse acogido a la terminación anticipada e impugnado esa sentencia condenatoria ante la Corte Suprema, instancia definitiva que, acogiendo su recurso de nulidad, dejó sin efecto aquel fallo y ordenó que se llevara a cabo un nuevo juicio en su contra.
La particularidad de todo esto es que mientras Binci López era sometido a un juicio aparte, los demás investigados, nueve en total, eran procesados en la carpeta principal, aquella encabezada por el ex alcalde Luis Arroyo Rojas, quien el año 2009 se desempeñó como gerente de la Sub Región Pacífico cuando se concretó la denominada fumigación y desratización, además de ex funcionarios y representantes legales de las empresas que se prestaron a este tinglado.
En este megajuicio fueron condenados en septiembre del año pasado 9 de los investigados, los cuales siguieron las audiencias y quienes trataron por todos los medios de salvar su responsabilidad tratando de endosar la responsabilidad a otros, especialmente al, ex alcalde Luis Arroyo, aprovechando que éste se encontraba recluido en el Penal de Piedras Gordas y eran conscientes que no podía defenderse.
Pese a las pruebas y evidencias, pese a que los propios investigados eran conscientes que serían condenados en la medida que existían muchas pruebas que los involucraban, aparentemente apostaban a sentencias con penas condicionales, siempre estuvieron convencidos que en su condición de reos primarios serían acreedores a una pena que les permita cumplir la sanción en libertad, por lo menos eso se vislumbraba de su permanente presencia en las audiencias.
Sin embargo, los abogados y litigantes saben que los acusados suelen ponerse a buen recaudo dejando de concurrir a la última audiencia, en donde se expide el fallo o se dan a conocer los lineamientos de la condena y las penas a imponerse, empero, en este caso la Sala Penal se adelantó y decidió dictar su fallo una semana antes a la prevista porque ya habían concluido con todas las diligencias y tenían el tiempo suficiente.
Por ello es que sorprendió a todos los acusados en el banquillo de los acusados, estos se alteraron cuando de pronto se vieron rodeados por una docena de efectivos de la Policía Judicial quienes al cabo de la lectura de la sentencia fueron trasladados directamente al penal de Cambio Puente.
Así terminaron encarcelados Wilmer León Portalartino, Andrés Caipo Paredes, Dique Marcos Vásquez Anticona, Santiago Reyes Asenjo, Miguel León Estrada, Jorge Meléndez Iberico, Yoni Benites Saldaña y Wilmner Alcántara Huerta, todos ellos junto al ex alcalde Luis Arroyo Rojas recibieron penas efectivas entre 5 y 15 años al confirmarse con pruebas que tramaron el fraude de la fumigación y desratización.
Todos con excepción de Jorge Meléndez, plantearon recursos de casación y desde entonces, recién casi un año después se expide la decisión final de la primera Sala Penal de la Corte Suprema que ha confirmado en el fondo la sentencia al establecer la responsabilidad penal de todos los acusados, sin embargo, ha decidido disminuir los años de pena privativa que impusieron los magistrados de la Corte del Santa.
En promedio ha rebajado entre 2 y tres años a cada uno de los sentenciados y ha convertido en pena suspendida la sanción dictada contra Yoni Benitez Saldaña y Wilmer Alcantara Huerta, quienes deben haber abandonado el presidio el último fin de semana si es que no ha surgido alguna inconveniencia.
En la medida que los medios de comunicación solo tienen acceso hasta el momento de la parte resolutiva de la ejecutoria suprema, no podemos conocer cuáles han sido los criterios utilizados por los magistrados supremos para reducir las penas a los involucrados pues su responsabilidad está plenamente acreditada y los hechos importan una actuación dolosa sumamente grave, el descarado aprovechamiento de los recursos públicos en perjuicio del erario estatal con la indebida utilización del cargo que ostentan.
A criterio de los chimbotanos estos hechos ponen de manifiesto el patrón delincuencial que predominó en la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar, el caso de la desratización es el prototipo de la vigencia de un régimen de corrupción por ello aplaudieron cuando la justicia les impuso penas efectivas y llevó virtualmente de las mechas a los acusados hacia el Penal de Cambio Puente.
Ahora se sabe que una instancia superior y definitiva ha reducido las penas, sus razones habrán de esgrimir, lo cierto es que se ha resuelto en definitiva estableciendo la comisión del doloso fraude perpetrado en la Sub Región Pacífico al adjudicarse una millonaria licitación a empresas de fachada que solo cobraron y se repartieron el dinero y no realizaron trabajo alguno.
Paralelamente, la semana pasada la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chimbote ha condenado por estos mismos hechos a Binci López y le ha aplicado una condena de 10 años de cárcel, con el añadido que al tratar de sacudirse de la grave responsabilidad ha expuesto hechos de corte delictivo que alcanzan al ex presidente regional César Álvarez Aguilar, razón por la cual se ha dispuesto que la fiscalía provincial le apertura una investigación preliminar a éste último. Este es un caso cerrado, el primero de la red de corrupción pero, definitivamente, no será el único y menos el ultimo.