Minería ilegal:
Para operar a su antojo en cualquier lugar del país, la minería ilegal se vale de toda clase argucias. Y no solo eso. Sus ramificaciones se extienden no solo en las dependencias del estado precisamente encargadas de combatirla, incluyendo algunas del Ministerio Público y de la Policía Nacional. También en el terreno político, con el financiamiento de campañas electorales a cambio de la promulgación de leyes a su favor. Se afirma que nuevo Presidente del Congreso de la República es un conspicuo defensor de esta actividad.
El libertinaje con el que actúa la minería ilegal en todo el país, lo estamos viendo no solo la zona de Puerto Maldonado donde cada día se produce la espantosa deforestación de decenas hectáreas bosques y ríos amazónicos amazónico. Otro de sus paraísos es la provincia liberteña de Pataz y, tal como se acaba de comprobar, la zona de Pampas, provincia de Pallasca, donde esta actividad ha ocasionado un desastre ecológico con la contaminación de los ríos Plata, Tablachaca y Santa.
Esto último, por supuesto, no es nada nuevo. Hace 12 años, en marzo del 2012, la Autoridad Local del Agua verificó in situ y sancionó a la empresa Dinacorp Exploraciones Perú S.A, que opera en esa zona, con una multa de 4 UIT por utilizar aguas superficiales en la actividad minera y vertirlas directamente al río Plata que, a través del río Tablachaca, conduce estas aguas hasta el río Santa. Sanción que fue oficializada con la resolución N° 225-2012.
No contenta con ello, la empresa Dinacorp Exploraciones Perú S.A. apeló esta sanción ante el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, organismo que ratificó el castigo con Resolución 478 del año 2014.
Pero cuando se pensaba que Dinacorp Exploraciones Perú S.A. iba a allanarse a la ley cambió de razón social y se convirtió en Minera Tungteno Peru S. A. lo que le permitió seguir operando, esta vez desde los socavones de la ilegalidad. Hasta ese momento, el papel jugado por la Autoridad del Agua había sido el correcto. Pero de ahí para adelante, el problema de esta compañía minera quedaba en manos de la Dirección Regional de Minería del gobierno regional de Ancash y del Ministerio del Ambiente, encargados de hacer cumplir la sanción y no permitir que la mina continúe operando en esas condiciones. Para eso cuentan con todas las herramientas legales, pero aún así no lo hicieron.
A esta omisión de funciones se debe que otras empresas mineras hayan continuado operando yacimientos aparentemente “cerrados” pero con otro nombre, provocando el gran desastre ecológico en los ríos Plata, Tablachaca y Santa. Esta omisión de funciones habría conllevado asimismo a la Comunidad Campesina de Pampas a imponer su propia ley exigiendo el pago de 1,000 soles por cada volquete de 35 toneladas de mineral que sale de la zona.
La omisión de funciones en la minería ilegal, tiene un precio muy alto que diariamente lo paga la salud del medio ambiente.