Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En el actual panorama político peruano, los denominados “caviares” han intensificado sus esfuerzos para desestabilizar al ministro del Interior, quien se ha convertido en el miembro más incómodo del gabinete. Esta situación no es simplemente un conflicto interno; es un reflejo de una estrategia más amplia que busca socavar la legitimidad del gobierno y desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el país.
La táctica utilizada por estos grupos es la misma de siempre: recurren a audios obtenidos ilegalmente, realizan declaraciones bajo extorsión y movilizan su maquinaria mediática para amplificar cualquier información que les filtran sus aliados. Este enfoque no solo es éticamente cuestionable, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema judicial y la democracia en su conjunto.
Es fundamental cuestionar la legitimidad de los actuales operadores político-judiciales, quienes han sido deslegitimados por actuar como operadores políticos desde la magistratura. Se les atribuye pertenecer a una organización criminal que opera de manera transversal en el sistema de administración de justicia, dedicándose a perseguir a cualquier persona que consideren una amenaza, sin importar la legalidad de sus acciones. Esta situación recuerda a la Santa Inquisición, donde la búsqueda de justicia se convertía en una cacería de brujas, y los métodos de obtención de pruebas eran tan cuestionables como los juicios mismos.
La analogía con la Inquisición no es casual. Al igual que en aquella época oscura de la historia, hoy se recurre a la obtención ilegal de pruebas, como los audios filtrados, para acusar y condenar sin un juicio justo. Las declaraciones bajo extorsión han reemplazado a las confesiones forzadas, y la maquinaria mediática se ha convertido en el brazo propagandístico que difunde las supuestas herejías de los acusados. Esta nueva Inquisición no solo actúa de manera abierta, sino que también se infiltra en el sistema judicial para manipular procesos y asegurar la condena de disidentes.
La gravedad de esta situación exige que la ciudadanía y las instituciones se mantengan alerta ante estas maniobras. No se trata solo de desacreditar a un ministro; se trata de un ataque sistemático a la democracia misma. La lucha por la justicia no puede ser utilizada como un arma política, y es imperativo garantizar un proceso justo y transparente para todos los involucrados.
Es crucial que exijamos a nuestros líderes políticos y judiciales que respeten las garantías constitucionales y se sometan a un escrutinio público riguroso. La formalización de un sistema que permita la rendición de cuentas es esencial para evitar que la persecución selectiva se convierta en la norma.
La historia nos ha enseñado que el silencio y la complacencia ante el abuso de poder solo conducen a la repetición de errores del pasado. La democracia peruana está en juego, y es responsabilidad de todos los ciudadanos defenderla. La lucha contra esta nueva Inquisición debe ser un esfuerzo colectivo, donde la unidad y la vigilancia sean nuestras principales armas. Solo así podremos asegurar que el Perú avance hacia un futuro donde la justicia y la verdad prevalezcan sobre la manipulación y la persecución.