Editorial

Suicidio compartido

Universidad San Pedro:

No existe otra explicación. En una actitud de intransigencia que ha sobrepasado los límites de la exasperación, el ilegal rector de la universidad privada San Pedro, Javier Ulloa Siccha, y los miembros de la Asamblea Universitaria de esta casa de estudios superiores, se han propuesto  empeorar las cosas a tal extremo de estar acelerando el camino de la autodestrucción, dispuestos a arrastrar en su caída al precipicio lo poco que todavía le queda a la institución. Como en la ley del suicidio compartido, ahora pueden decir: si yo me muero, nos morimos todos.

Esta irracional y hasta maquiavélica actitud, ha llevado hace unos días a los empleados administrativos y a los pocos alumnos que todavía asisten al claustro, a tomar la sede central de la universidad  para exigir que el ilegal rector Ulloa Siccha se someta a la ley y asuma con dignidad el abandono del cargo, evitando de esa manera retirarse por la puerta falsa.

Pues hace unos días, en atención a la denuncia formalizada por el personal administrativo, la segunda Fiscalía Penal Corporativa del Santa ha iniciado un proceso de investigación contra el ilegal rector, incluyendo a otros funcionarios de su entorno. Una de las denuncias tiene que ver con el delito de  fraude  en la administración de personas jurídicas. Pues en su intento de hacer valer su ilegal elección, Ulloa Siccha y sus asesores insisten en hacer valer el Estatuto Interno del año 2018, una petición que en más de una oportunidad  ha sido rechazada y declarada improcedente  por la SUNARP. Es incomprensible que, aún así, se siga insistiendo en lo mismo.

De otro lado, se tiene conocimiento que la Fiscalía Penal ha exigido a Ulloa Siccha la presentación de balances y estados financieros de la universidad, puntualizando  la obligatoriedad que  esta rendición de cuentas  sea debidamente respaldada por la  Asamblea Universitaria  y el Consejo Universitario. Vamos a ver si esta vez, el consejo y la asamblea ponen las manos al fuego por Ulloa Siccha, como siempre lo han hecho con sus antecesores.

Se sabe asimismo que esta instancia del Ministerio Público ha  solicitado a SUNEDU  la presentación de un informe dando a  conocer si se ha hecho efectiva o no,  la cancelación de  la firma de Ulloa  con relación a la suscripción de  grados y títulos, impedimento que fue oficializado por la SUNEDU el 14 de junio del presente año. En adición a esta concluyente medida de carácter académico, el hecho que su elección no haya sido reconocida por la SUNARP, ha conllevado a que la firma de Ulloa Siccha carezca de todo  valor legal, administrativo e institucional. Ningún banco, ni organismo  público, pueden dar por aceptada la firma del ilegal rector.

Desde esta perspectiva, la permanencia de Ulloa Siccha en el rectorado de la universidad privada San Pedro es una  afrenta, un abierto  desacato a la ley y un desafío a la institucionalidad. Al no haber logrado su licenciamiento, la universidad San Pedro deberá cerrar sus puertas y decir adiós  los primeros días de marzo del próximo año, es decir dentro de apenas seis meses. ¿Qué otras razones existen entonces para adelantar el fatal desenlace con un suicidio compartido?.