Por: Lizet Flores Milla (*)
En los últimos años, el Perú ha sido testigo de una escalada alarmante de violencia a manos de sicarios y mafias de extorsión que, lejos de ser incidentes aislados, han configurado una crisis de seguridad nacional. Recientes asesinatos de ingenieros, topógrafos, conductores de transporte público, y ciudadanos comunes nos muestran la cruda realidad: estamos ante un país donde el crimen organizado ha permeado múltiples sectores de la sociedad. Lamentablemente, el gobierno parece actuar con una pasividad que roza la indiferencia, mientras las mafias siguen cobrando vidas y debilitando no solo nuestra seguridad, sino también nuestra economía.
El caso de Piura, donde dos ingenieros y una topógrafa fueron asesinados por negarse a pagar cupos extorsivos en una obra pública, es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la violencia ligada a la extorsión impacta en el sector productivo. Estas obras no solo son vitales para el desarrollo de las comunidades, sino que representan inversiones significativas que, en muchos casos, se ven detenidas o encarecidas por el accionar de grupos criminales. La extorsión, una práctica que se ha vuelto común en la construcción, el transporte y otros sectores, genera costos adicionales que afectan la productividad y competitividad del país.
Más allá del costo humano, las repercusiones económicas de esta ola de criminalidad son evidentes. Cuando las mafias imponen “cupos” a empresarios y pequeños negocios, los costos de operación aumentan, y esto no se traduce solo en menores ganancias para los propietarios, sino también en una subida de precios para los consumidores. Asimismo, las empresas, tanto nacionales como extranjeras, pueden optar por retirar o reducir sus inversiones en el país, al considerar que no existe un entorno seguro para operar. Esto debilita la creación de empleos formales y pone en riesgo el crecimiento económico del país.
Las zonas afectadas por el crimen organizado, deberían ser polos de desarrollo y atracción de inversiones. Sin embargo, con cada asesinato, con cada empresa extorsionada, se envía un mensaje claro: Perú no es un lugar seguro para el desarrollo empresarial. Y esto, a largo plazo, socava la economía nacional de una forma profunda e irreversible.
Frente a esta realidad, es desconcertante ver la falta de acciones contundentes por parte del gobierno. Mientras que el país se hunde en esta espiral de violencia, las medidas adoptadas han sido insuficientes. Decretar estados de emergencia en algunas regiones es un parche temporal que no aborda las raíces del problema: la infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones. A pesar de las promesas de refuerzos policiales y militares, los resultados no son visibles, y los ciudadanos continúan viviendo con el temor constante de ser víctimas del próximo ataque.
La pasividad del gobierno frente a esta situación no solo pone en peligro la vida de los peruanos, sino que también daña gravemente nuestra reputación internacional. El mundo observa, y cada nuevo informe sobre asesinatos o extorsiones en Perú debilita nuestra imagen como un país estable y seguro para las inversiones.
Es hora de que el gobierno de Perú reconozca la gravedad de la situación y adopte medidas decisivas. No basta con operativos superficiales o declaraciones públicas. Es necesario fortalecer la lucha contra el crimen organizado desde dentro, limpiando las fuerzas policiales y judiciales de los elementos corruptos que facilitan el accionar de estas mafias. La seguridad debe ser vista como un tema de estado, prioritario y transversal, que involucre a todos los niveles del gobierno y la sociedad civil.
Solo con una respuesta integral, que combine acciones policiales, reformas institucionales y políticas públicas, podremos frenar el avance de esta plaga que está minando el futuro del país. No hacerlo no solo significará más muertes y destrucción, sino que también condenará a nuestro país a una crisis económica de la que será difícil recuperarse.
El sicariato y la extorsión no son solo un problema de seguridad; son un problema económico y social que requiere de un liderazgo fuerte y comprometido. ¿Está el gobierno dispuesto a asumir ese reto o seguirá actuando como si no pasara nada?
(*) Mg. En Gobierno y Políticas Públicas por la PUCP
Directora del Instituto Peruano de Gobierno IPEG