El huayco ya se veía venir. Antes que se contrate con el consorcio Krausen la obra de rehabilitación de los daños que las lluvias del ciclón Yaku causaron en el canal principal y otras instalaciones del proyecto especial Chinecas, los agricultores agremiados en la Junta de Usuarios del canal ya habían adelantado su voz de alerta. El consorcio Krausen, una empresa desconocida en estos menesteres, no poseía la experiencia, ni la capacidad técnica y por último ni la solvencia económica que se requiere para realizar esta clase de trabajos.
Aún así, sin prestar la menor importancia a esta voz de alerta, en diciembre del año pasado el proyecto especial Chinecas dio luz verde para que la compañía aseguradora contrate con el consorcio Krausen la realización de esta delicada labor, con cargo a la cobertura de una póliza por más de 4 millones de soles. Es más. En el momento de la firma del contrato, los representantes del consorcio Krausen recibieron un adelanto equivalente al 40 por ciento del contrato: 1 millón 600 mil soles, muy por encima del 20 por ciento que establecen las normas de contratación con el estado.
Pero conforme han transcurrido los meses y los días, los hechos se han encargado de demostrar hasta qué punto la voz de alerta lanzada por los agricultores era irrefutablemente fundada. Así lo ha puesto en evidencia no solo la deficiente calidad de los trabajos de revestimiento del canal, sino también la injustificada demora e improvisación con la que éstos se vienen ejecutando. De otro lado, hay que tener en cuenta que el reiterado incumplimiento en el corte y en la reposición del abastecimiento de agua que realiza el consorcio, afecta ostensiblemente el cronograma de riego que manejan los agricultores.
A casi un año de venir soportando las consecuencias de esta deficiencia, anteayer lunes los miembros de las Junta de Usuarios acudieron a una reunión con funcionarios de Chinecas, cita a la que también asistió la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Roslyn Villanueva Ramírez. La reunión concluyó con la formulación de un pedido tajante y definitivo: que se rescinda de inmediato el contrato con el consorcio Krausen y que el saldo de obra se adjudique a una empresa que posea la capacidad técnica indispensable y que garantice la rehabilitación de los daños causados por el ciclón Yaku en los plazos y condiciones establecidas. Lo que viene sucediendo es más que elocuente.
Pero si esta causal no basta para que se corte por lo sano y se apliquen los correctivos del caso, creemos que lo sucedido el pasado 31 de julio debería ser motivo más que suficiente para dar vuelta a esta historia. La intervención del entonces gerente general de Chinecas, Camilo Carranza Lecca, en el momento de recibir una coima del consorcio Krausen a cambio de acelerar el pago de valorizaciones, es algo que no debe pasar por alto por mucho que sea el esfuerzo del gobierno regional de Ancash y del mismo Chinecas, de guardar el secreto bajo siete llaves y echarle tierra al asunto.
Una empresa que acude al empleo de estas malas artes, que además no cumple con los términos de un contrato millonario y que, por encima de todo, no cuida su prestigio e imagen institucional, no amerita seguir a cargo de la reparación de bienes de propiedad del Estado.
Pero si a pesar de todo Krausen continúa inamovible e intocable, es porque detrás del consorcio existen intereses de otra índole. No hay otra explicación.