Una flagrante violación a la Constitución. ¡Urgente derogatoria!
Lizet Flores Milla
Mg. En Gobierno y Políticas Públicas por la PUCP
Hoy, el Perú está de luto. Nuestros bosques, esas vastas áreas llenas de vida, biodiversidad y futuro, están siendo arrasados por incendios que, coincidentemente, se han intensificado desde la promulgación de la Ley N° 31973. Esta ley, disfrazada de “recuperación ambiental”, permite que áreas devastadas sean entregadas al sector privado bajo el pretexto de estar “degradadas”. Esta situación no solo es escandalosa; es inconstitucional.
Nuestra Constitución Política es clara y contundente. El Artículo 66 establece que los recursos naturales, sean renovables o no renovables, son patrimonio de la Nación. Estos recursos no pueden ser entregados ni vendidos al sector privado bajo ninguna circunstancia, mucho menos si hablamos de bosques que, por su valor ecológico, económico y social, pertenecen al Estado y deben ser protegidos para el beneficio de todos los peruanos. Los recursos renovables, como nuestros bosques, no son mercancías que pueden ser comercializadas según la conveniencia de unos pocos. Su función es garantizar un equilibrio ambiental y un futuro digno para el país. Cedérselos a intereses privados, bajo el manto de una ley claramente viciada, constituye una violación directa a nuestra Constitución.
Es fundamental que se entienda que la destrucción de estos espacios no puede, bajo ningún motivo, ser utilizada como excusa para entregarlos a la inversión privada. Esto no solo va en contra del mandato constitucional, sino que también pone en peligro nuestra soberanía sobre recursos que son esenciales para la vida y el desarrollo sostenible del país. Los incendios, que han devastado hectáreas de nuestros bosques, son una tragedia nacional, pero su solución no es la privatización de lo que ha sido quemado. No podemos permitir que esta catástrofe sea aprovechada para abrir las puertas a la explotación de áreas que, por derecho, pertenecen a todos los peruanos.
El turismo, la agricultura, la economía nacional, que dependen directamente de estos ecosistemas, están siendo gravemente afectados. Cada hectárea perdida es una herida en el corazón del Perú, una pérdida de biodiversidad que tomará décadas, si no siglos, en recuperarse. Y no podemos permitir que, además de sufrir este daño, se nos arrebate lo poco que queda.
El silencio del Ejecutivo y la inacción del Congreso no solo son preocupantes, sino altamente cuestionables. ¿Cómo es posible que aquellos que juraron defender la Constitución permitan que una ley tan evidentemente inconstitucional siga vigente? Están fallando en su mandato de proteger el bien común, y eso nos afecta a todos. No se trata solo de un problema ambiental: están vulnerando nuestros derechos constitucionales.
El mensaje es claro: esta ley no puede pasar. No permitiremos que nuestros recursos naturales, aquellos que sostienen la vida y el futuro del Perú, sean entregados a manos privadas bajo pretextos inaceptables. Exigimos la derogación inmediata de la Ley N° 31973. No hay margen para negociaciones ni excusas. La Constitución es explícita: los recursos de la Nación son de todos los peruanos y su protección es innegociable.
El pueblo peruano está en su derecho de defender lo que le pertenece, y hoy hacemos un llamado a todos a unirse en esta lucha. Firmemos la CARTA ABIERTA que circula a nivel nacional y exijamos con firmeza la declaratoria de emergencia en las regiones afectadas y la DEROGATORIA de esta ley inconstitucional.
Esta es una cuestión de principios, de justicia, y de supervivencia. Bienvenida la inversión privada, pero no podemos, ni debemos, permitir que nuestros bosques se conviertan en un negocio para unos pocos a costa del bienestar de todos. El Perú nos necesita, y es hora de actuar.
¡Firmemos por nuestros bosques y por el futuro del país!
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