En solo una semana, un segundo abogado de profesión recibe una orden de captura por parte del Poder judicial, como consecuencia de una condena judicial por delito de cohecho, al haberse acreditado que promovieron el pago ilícito a magistrados con la finalidad de conseguir fallos favorables.
La semana pasada el Juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal, Efer Díaz Uriarte, ha condenado a cinco años de cárcel efectiva al abogado Roberto Santos Vela, por delito de cohecho activo específico y ha ordenado su inmediata ubicación y captura.
La sentencia se leyó en acto público al cual, como era evidente, no concurrió el investigado, quien había sido comprendido en una carpeta Fiscal como consecuencia de una grave denuncia promovida por el Fiscal de Nepeña, Dr. Richard Contreras Horna, quien levantó un acta cuando dos mujeres trataron de entregarle la suma de 500 nuevos soles.
En esa oportunidad, las mujeres ingresaron al despacho del mencionado representante del Ministerio Público a instancias de su abogado Roberto Santos Vela, quien patrocina al hermano de las mujeres que había sido denunciado por delito contra el honor sexual.
A decir de las mujeres, el abogado les indicó que ingresaran a la oficina del Fiscal y le entregaran 500 nuevos soles, pues con ello se garantizaría que su hermano salga en libertad antes que se promueva una denuncia ante el Poder Judicial, lo que finalmente resultó contraproducente porque el magistrado se indignó con la pretensión de las mujeres, evidenció no conocer absolutamente nada de arreglos o pagos bajo la mesa y solicitó la presencia de su personal y de la Policía a efectos de levantar un acta y poner a los dos mujeres a disposición de aquellos.
Las dos mujeres, identificadas como Jackeline y Salomé Flores Melgarejo se acogieron al principio de la conclusión anticipada del proceso y admitieron su responsabilidad al haber aceptado las indicaciones del abogado, empero, señalaron ante el Juzgado que fue el letrado Roberto Santos quien les dijo como deberían obrar, fue aquel quien las indujo a llevarle una suma de dinero al Fiscal en la creencia que con ello se solucionaría el problema que enfrentaba su pariente.
Lo cierto es que el abogado pretendía de esta manera hallar alguna posibilidad de arreglar la libertad de su patrocinado y para ello no tuvo sino la infeliz idea de utilizar a sus propias clientas con la finalidad de sobornar a una autoridad antes que ensuciarse las manos con esta clase de componendas que, aparentemente, le dieron resultados en otras instancias o jurisdicciones, teniendo en cuenta que es un ahogado de la capital de la república.
Por ello es que el Juez ha sido drástico con el letrado y ha procedido a sentenciar a las dos mujeres con una pena condicional en la medida que fueron sinceras y revelaron a la justicia como ocurrieron los hechos y hasta donde llega la irresponsabilidad de un profesional de las leyes que, al parecer, está acostumbrado a arreglar sus casos de esta manera, bajo el vil sustento del dinero sucio.
Es realmente lamentable tener que comentar hechos de estas características en las que se ve empañada, quiérase o no, la labor profesional de quienes tienen la sagrada misión de patrocinar y defender los derechos de los justiciables, es decir, de los abogados que son personas que han sido preparadas para exigir que se cumpla la ley antes que violarla y zaherirla de manera descarada.
Y es que hace solo una semana en este mismo espacio comentábamos otra condena dictada por el mismo Juez Efer Díaz Uriarte, esta vez en contra de la abogada Cris Cueva Pérez, una joven letrada que había sorprendido a los padres de sus patrocinados a los cuales les exigió la suma de 1,500 nuevos soles con la supuesta finalidad de entregarlos a un Fiscal que conocía el caso de su hijo preso por delito de tocamientos indebidos, así como por exigir otra suma similar que supuestamente había depositado en el Banco de la Nación para cumplir con un trámite de la libertad del detenido.
La investigación permitió demostrar que el Fiscal no solicitó suma alguna de dinero y que el voucher del Banco en el que la abogada decía haber depositado el dinero era un documento falso, configurándose en este caso una estafa.
Esperemos que el Colegio de Abogados haga un deslinde respecto a estos malos abogados que solo dejan muy mal a su gremio y que desdibujan lo que debe ser una correcta administración de justicia, la pena que les ha impuesto el juez se justifica y debe servir para que otros abogados no se entreguen a la aventura fácil y delincuencial de sacarle dinero a los parientes de sus clientes con estas maniobras delictivas.
DEFICIENCIA MANIFIESTA
Después de varias semanas, por fin el Fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, ha procedido a modificar su requerimiento acusatorio en el caso de la donación de un millón de soles a favor del ex gobernador de Ancash Waldo Ríos Salcedo y ha optado por acusar por el delito que realmente corresponde.
Esto luego que el Juez Eudosio Escalante Arroyo le advirtiera al Fiscal que está encausando esta investigación por un espinoso e ilegal camino ya que estaba acusando a dos personas por delitos que ni siquiera fueron materia de la disposición que procede a formalizar investigación preparatoria.
Por ello es que el Fiscal ha decidido dejar de lado el delito de Lavado de Activos y ha formulado acusación únicamente por delito de cohecho, tanto en contra del ex gobernador como de los nueve donantes que se prestaron al juego del tráfico de dinero con la finalidad de justificar un desembolso millonario de dinero que sirvió para pagar una reparación civil que Ríos Salcedo no había realizado y que se necesitaba para que quede expedito y juramentar del cargo.
De esta manera, se pondrá en marcha nuevamente este proceso que ingresa a la fase de control de acusación y debe esclarecerse de todas maneras de donde salió el dinero y cuáles fueron las reales motivaciones de los donantes para entregarle tanto dinero a una autoridad sin pretender nada a cambio. La deficiencia manifiesta de un fiscal no puede paralizar una investigación considerada como caso emblemático.