MANIOBRA
La decisión del Colegiado A de la Sala Penal Nacional que tiene a su cargo el juicio oral por el crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, mediante la cual ha desestimado el pedido del sicario confeso Christian Cruzate Pereda (a) “Colombiano” para acogerse a la conclusión anticipada, en realidad veía venirse. Ello porque este investigado había ya confesado que asesinó a Ezequiel Nolasco Campos y que lo hizo atendiendo a un acuerdo entre el “Chino Malca” y “El Goro”, por encargo del presidente Álvarez, refiriéndose a César Álvarez Aguilar. Esta declaración realizada a nivel policial y en presencia de un representante del Ministerio Público ha sido rechazada a nivel judicial por el mismo investigado, por ello sorprende que a estas alturas busque acogerse a la concusión anticipada y es que sus abogados han formulado este pedido solo por el delito de Homicidio Calificado, mas no por los otros dos por los cuales es acusado, es decir, asociación ilícita para delinquir y lesiones. Desde el punto de vista procesal el pedido no procede porque solo podría plantearte por todos los delitos que se imputan, sin embargo, es evidente que detrás de esta pretensión, que todos asumieron con sorpresa, existe la velada intención de proteger a los demás investigados. Tal como lo había pedido, es decir, aceptar sus culpas solo en el caso de homicidio, en realidad no cambia nada las cosas por que el sujeto es un homicida confeso, lo que quiere decir que no estaría aportando nada nuevo. De allí que admitiendo solo estas culpas se exime de la obligación de revelar quienes le ordenaron matar, es decir, que quedaría en el aire la tesis de la red criminal sobre la cual se sustenta toda la acusación. Se hace evidente que detrás de este pedido no solo estaban los abogados de Cruzate sino otros letrados que, con esta maniobra, quisieron limpiarle el camino a sus patrocinados, aun cuando tengan la condición de presuntos cabecillas. Los vocales no se tragaron este cuento y dispusieron que se siga con el juicio.
DILACION
Este proceso penal ya tiene más de tres años, se ha dilatado en exceso y muchas veces por argucias de los propios investigados, tanto así que de esta manera consiguieran que varios de ellos salgan en libertad por exceso de carcelería, es decir, por hallarse investigados sin recibir una sentencia. Parece que la estrategia sigue siendo la misma porque la segunda audiencia programada por la sala se ha vuelto a suspender sin que se haya avanzado virtualmente nada. Apenas los magistrados desestimaron el pedido de Cruzate y dispusieron el inicio de los interrogatorios llamando al locutor Johnny Espinoza Linares quien se acogió al silencio, es decir, que se abstuvo de decir algo en su favor. De inmediato llamaron a Nelson Vásquez Baca, quien adujo que se halaba nervioso y su defensa solicitó la reprogramación de la audiencia. ¿Se puede suspender una audiencia solo por este motivo? Si las cosas marchan así tendremos otro largo y dilatado juicio oral.
ACUMULACION
Con la decisión de la Fiscalía anticorrupción de Huaraz de remitir los antecedentes de la investigación iniciada tras propalarse el audio entre la conversación de la congresista Yessenia Ponce con el suspendido gobernador Enrique Vargas, la Fiscalía de la Nación tendrá la oportunidad de acumular las dos pesquisas y de esta manera realizar una sola y exhaustiva investigación. Los delitos son de tráfico de influencias y se dirige contra los congresistas fujimoristas Carlos Domínguez y María Páucar. Sin embargo, para poder establecer la existencia de los delitos, la fiscalía tiene necesariamente que contar con la declaración del “chef” Enrique Vargas pues hasta el momento solo se cuenta con un audio en el que este le hace una confesión de índole privado, en la que puede estar fanfarroneando o puede haberlo hecho con la intención de sacarle la lengua a la congresista. Lo cierto es que una cosa se dice en privado y otra en público o frente a autoridades judiciales, de allí que nos parece difícil que el suspendido gobernador ratifique esas palabras, más aun cuando tendrá que entregar pruebas de los favores políticos que le habrían exigido los congresistas de Fuerza Popular. Veremos qué es lo que sucede porque, para empezar, la Fiscalía de la Nación deberá sustentar un pedido de levantamiento de inmunidad para poder investigar a los parlamentarios y ese será el primer y gran escollo.