Historia amenaza repetirse:
Amenaza confirmada. Como lo ha dado a conocer el Diario de Chimbote, ahora se sabe que la construcción de ambientes de uso aún desconocido en la playa Las Conchuelas de la isla Blanca, cuenta con la autorización oficial de dos altas dependencias del gobierno central con sede en la capital de la república. Nos referimos a la resolución directoral N° 0241 de fecha 21 de diciembre del 2021, que lleva la firma de José Antonio Espinoza Huerta, director general de Políticas de Desarrollo Turístico del MINCETUR; y asimismo a la resolución N° 0682 de fecha 19 de agosto del 2022, suscrita por el vicealmirante César Ernesto Colunge Pinto, director general de Capitanías y Guardacostas del ministerio de Defensa.
Las susodichas resoluciones dan carta abierta a la empresa de Servicios Marítimos y Turísticos del Perú SAC, para instalar un muelle y “obras de uso público”, pero sin especificar las características ni la finalidad de las mencionadas “obras”, dejando en todo caso el uso de la playa Las Conchuelas a la libre disponibilidad y criterio de la empresa favorecida, nada menos que por un periodo de 30 años.
Como era de temerse y como ya se ha vuelto una vieja costumbre, la toma de esta decisión -que va a alterar el medio ambiente y el paisaje de Chimbote- no ha tenido en cuenta para nada la opinión del gobierno regional de Ancash, ni de la municipalidad provincial del Santa y menos de la sociedad civil de Chimbote. Como si no estuviéramos inmersos en un proceso de regionalización, donde las decisiones se adoptan previa consulta con los organismos e instituciones locales, los funcionarios del gobierno central han tomado esta decisión en forma unilateral. Autorizar desde Lima el libre uso de este patrimonio natural de Chimbote, pareciera responder al centralismo de otras épocas donde se acostumbraba pasar por encima de la soberanía de las provincias. Lo que trae a la memoria el imperio de un abuso de poder por el cual Chimbote está pagando un precio muy alto.
La forma con la que se ha procedido a autorizar el uso de la playa Las Conchuelas, prácticamente en nada se diferencia con lo que sucedió en la década de 1950 cuando se autorizó, también desde Lima, la instalación de más de cuarenta fábricas pesqueras. Éstas podían instalarse en cualquier lugar de la zona urbana, sin mediar el menor asomo de planificación e higiene ambiental y sin acatar las normas de ordenamiento urbano, dejando al mejor parecer de los interesados la instalación de chimeneas y el arrojo de desperdicios en cualquier lugar de la bahía. Como consecuencia de esta abusiva autorización, Chimbote ha perdido su playa original mientras que la contaminación causada por la industria pesquera hace que sus 300 mil habitantes tengamos que respirar, no se sabe hasta cuándo, las emanaciones de un mar de aguas putrefactas.
Bajo ningún concepto, estamos en contra de convertir la isla Blanca en un importante atractivo turístico de alcance nacional e internacional. Por el contrario, estamos convencidos que este recurso natural posee todas las condiciones para alcanzar merecidamente ese sitial. Pero eso no se logra con improvisaciones ni decisiones inconsultas.
Para eso, insistimos, es indispensable la elaboración y aprobación de un proyecto turístico basado no solo en la priorización del medio ambiente y el mantenimiento del equilibrio ecológico, sino también en la implementación de servicios de uso público correctamente adecuados al entorno natural. Y para eso, no se puede prescindir de la opinión y aprobación del pueblo de Chimbote. Más allá de un apresurado afán de lucro, el uso de la playa Las Conchuelas debe responder a un proyecto de esta naturaleza. Chimbote ya no está para seguir pagando a costa de sus recursos naturales, los errores y abusos del gobierno central.