Contaminación:
Como si la contaminación de las aguas del río Santa fuese un tema intrascendente y pasajero, del que no vale la pena ocuparse, ha sido necesario que transcurran tres meses desde que se produjo el desastre ambiental ocasionado por los relaves de la minería ilegal, para que recién -hace dos días- se instale la mesa de trabajo encargada de proponer y adoptar las medidas que se requiere para contrarrestar los efectos de este crimen ambiental.
Desde el pasado 6 de agosto cuando se conoció a nivel nacional el daño ocasionado por los relaves de la minería ilegal, el uso las aguas del río Santa para el consumo de la población y riego agrícola, se ha convertido en un peligro latente, tanto para la salud de la población como del medio ambiente, un tema del cual –repetimos- muchos quieren sacar cuerpo y lavarse las manos.
Ha sido patético y bastante lamentable haber constatado que los funcionarios encargados de combatir la minería ilegal y proteger el medio ambiente, hayan hecho tabla rasa de su manual de funciones. En todo el tiempo que llevan calentando el asiento detrás de sus escritorios, han hecho de todo, menos cumplir con su labor. Es inconcebible tener que aceptar que luego de producirse el desastre ambiental, y hasta el día de hoy, estos funcionarios no hayan sido capaces de poner en práctica un plan de contingencia, una medida cuya adopción es básica y elemental en situaciones de esta naturaleza. ¿De qué prevención se puede hablar en estas condiciones?.
Por otro lado, ha sido a raíz del desastre ocasionado por la minería ilegal que después de mucho tiempo ha recobrado actualidad el tema relacionado con la contaminación del río Santa, producto de la descarga directa de aguas servidas que desde hace muchos años se observa a todo lo largo de los 300 kilómetros de su recorrido. El tema no es para dejarlo pasar un día más. El hecho que ciudades densamente pobladas como Recuay, Huaraz, Carhuaz y Yungay no cuenten con una planta de tratamiento de aguas residuales, es a estas alturas una negligencia imperdonable y ya inaceptable.
Esta desidia dice mucho de la falta de capacidad de gestión e identificación con los problemas de Ancash por parte de las autoridades y funcionarios del gobierno central y del gobierno regional. En evidente que para los unos y para los otros, la contaminación de las aguas del río Santa no ha sido motivo de mayor preocupación; ni siquiera les ha quitado el sueño.
Ahora entendemos porque el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, restó toda importancia al desastre ambiental causado por la minería ilegal y, no contento con eso, opinó en contra de declarar en emergencia ambiental a la provincia del Santa. Esa declaratoria -según dijo a la prensa- solo se justifica en el caso de derrame de petróleo o cuando el daño ambiental “lleve décadas”. De lejos se advierte que el problema ambiental de Ancash no merece el mayor interés a su despacho
La pregunta que queda por resolver es si la solución que reclama la contaminación del río Santa estará en la mesa de trabajo que se acaba de instalar. Juegan las apuestas.