Dos instituciones educativas, una de mando medio y otra de educación básica especial han sido perjudicadas de manera escandalosa por actos totalmente irregulares que la Contraloría General de la República ha señalado con responsabilidades penales para los autores de estos desaguisados.
Los consultores tenían que elaborar los expedientes técnicos y a más tardar, deberían haber sido terminados en abril del 2023, es decir, a estas alturas, se deberían estar ejecutando dichas obras, pero ocurre que, un año y once meses después, no hay expedientes técnicos y no hay obras que se ejecuten.
El informe de Control Especifico N. 137-2024-2-5332-SCE nos da el derrotero de cómo se direccionan los proyectos, la manera como existen favoritos y en el caso que nos ocupa, son dos proyectos diferentes, dos adjudicaciones simplificadas distintas que tenían un mismo comité de selección y que al final eligieron dos consorcios que tenían los mismos integrantes – socios, en actos que se realizaron en un solo día.
En un caso tenían 90 días y en el otro 75 para terminar los expedientes técnicos, lamentablemente muy pronto se cumplirán dos años de la firma de los contratos y esos benditos expedientes técnicos no aparecen en el horizonte.
El informe de control cita a Joel Jhovany Lino Méndez, entonces gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash y como Presidente del comité de selección, entendemos que es el responsable mayor.
Además, él tiene una serie de denuncias sobre otros casos y por eso, el gobierno regional de Ancash le abre proceso administrativo; mientras tanto sigue sus tareas diarias, ahora en otra entidad como es la UNASAM.
Este caso es como los muchos proyectos que empezaron en esa nefasta gestión del 2019 – 2022, pues colegios y obras de distintos rubros han sufrido y siguen sufriendo como el caso que nos ocupa, de esos “arreglos” con los consultores. Ejemplos hay muchísimos y en su debido momento lo recordaremos con detalle sobre los proyectos truncados.
Un párrafo para los consultores, los hermanos Dueñas Aguirre (Vladimir y Anthony), pues si bien fueron favorecidos por eso subterfugios mencionados en el informe de Control Especifico N. 137-2024, por lo menos, debieron mostrar entereza y no haberse demorado casi 2 años para terminar los expedientes técnicos de estas instituciones educativas. Al margen de otras consultoras que tienen en los actuales momentos, como la elaboración del expediente técnico del colegio Inmaculada.
Ahora, solo esperamos que en algún momento el sistema anticorrupción funcione como es la Procuraduría Pública Anticorrupción y el Ministerio Público, porque no debemos acostumbrarnos a difundir los informes de control cuando al final los responsables de los desaguisados que ocurren en las obras públicas se pasen campantes en la calle.