Cuando muchos pensábamos que la autoridad ambiental ya había “tirado la esponja” en el tema del manejo y eliminación de los efluentes, la semana pasada se tomó conocimiento que, por lo menos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no se había resignado ante el accionar doloso de algunas empresas pesqueras.
En efecto, OEFA ha dispuesto la semana pasada la paralización del aparato productivo de la empresa conservera “La Chimbotana” luego de verificar que no estaba evacuando sus efluentes antes de someterlo a un tratamiento previo que elimine los elementos tóxicos a efectos que no se siga contaminando el mar.
Esto es lo que se conoce como Pacpe particular en la medida que la norma que establece la protección de nuestra bahía considera dos obligaciones que toda empresa pesquera debe respetar para complementar la necesaria protección de nuestra flora y fauna marina.
Esto significa que las pesqueras no solo deberían adherirse al emisor submarino, conocido como Pacpe colectivo, sino que estaban obligados a implementar en sus instalaciones una planta de tratamiento previo a sus efluentes con la finalidad de eliminar ácidos y elementos químicos nocivos que no sigan afectando el mar como lo han hecho a lo largo de las ultimas cinco décadas.
Si bien es cierto que con el emisor submarino se garantiza el traslado de los efluentes mar afuera, ello no es suficiente, lo que se tiene que garantizar es que se reduzca enormemente la posibilidad de seguir arrojando restos químicos al mar, para ello los empresarios deben garantizar un tratamiento previo y eso no ha cumplido la empresa conservera “La Chimbotana” por lo que tendrá que paralizar su aparato productivo hasta en tanto acredite la implementación de los mecanismos técnicos que le exige la ley.
Esta es la gran diferencia en la fiscalización ambiental, no se trata únicamente de “cortarle las piernas” a una empresa, de diezmarlas y dejarlas sin posibilidad de trabajar y producir, por el contrario, en una economía subdesarrollada en la que se necesita trabajo seria absurdo procurar el cierre de las industrias que promueven el empleo, que mueve la economía de una comunidad y genera las divisas y las aportaciones que requiere un país, empero, ello no significa que aquellas pueden hacer lo que la gana se les da, y están sujetas a un régimen legal que estamos obligados a respetar.
En esa perspectiva es importante que OEFA, que es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, se mantenga atento y alerta al desempeño de las empresas pesqueras y las sancionen cuando no cumplen la norma que están obligados a respetar y que conocen a la perfección, que son conscientes de los riesgos que implica operar en las condiciones en las que estuvieron haciéndolo, por lo que la sanción impuesta solo responde a ese accionar osado y desafiante.
No se puede soslayar que uno de los factores de la destrucción de la hermosa bahía de Chimbote que existía hasta la década del 50, ha sido el accionar impune de la industria pesquera, el facilismo y la temeridad de arrojar sus efluentes al mar, sin preverse desde entonces las graves consecuencias de este accionar doloso, inclusive, a pesar de las advertencias formuladas por los organismos ecologistas y por los propios medios de comunicación que permanente revelaron la manera inmisericorde como se contaminaba el mar con el lanzamiento de efluentes que arrastraban miles de metros cúbicos de grasas y elementos químicos que, poco a poco, con el añadido de otras fuentes de contaminación fueron destruyendo lo que fue un centros de turismo y atracción.
Ha llegado pues el momento de poner coto a todo ello, las autoridades comprometidas con la preservación de la ecología y el medio ambiente no pueden perderle la pista a las empresas pesqueras que reniegan su condición y tratan de sacarle la vuelta a la norma. No hay que permitirlo, la sanción de OEFA a la Conservera “La Chimbotana” es una medida necesaria que debe anteceder a muchas otras de la misma característica, pues lo que espera la población es que se termine de una buena vez con la escandalosa contaminación del mar, más aun cuando ya se cuenta con las herramientas para hacerlo.
¿REPUDIABLE CRIOLLADA?
La fiscalía anticorrupción ha iniciado una investigación preliminar contra el Jefe del Área de Planificación y Presupuesto de la Beneficencia Pública de Chimbote, Wilfredo Torres Luján, luego de tomar conocimiento que habría pretendido justificar gastos de representación con documentos que fueron burdamente falsificados.
Ha sido el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Beneficencia Publica de Chimbote, Segundino Ortega Castillo, quien dio a conocer la disposición fiscal del Ministerio Publico relacionada con una grave infracción por delito contra la fe pública y contra los deberes de función al precisar que Wilfredo Torres Lujan había justificado los viáticos que se le proporcionaron para realizar un viaje “de comisión de servicio” con boletos de pasaje que son falsos, hecho que ya habría sido corroborado por la empresa de transporte.
De allí que lo que habrá de establecer el Fiscal es la naturaleza de esta maniobra, el objetivo del funcionario al sacarle la vuelta a la ley y beneficiarse con los recursos de la institución, pues es evidente que si falsificó el boleto de pasaje es porque no lo utilizó, no viajó o sencillamente no hubo tal comisión, cierto es que el funcionario ha sido descubierto cometiendo una grave infracción penal, será oportuno que el fiscal como el juez castiguen este hecho con todo el peso de la ley y que dejen un precedente categórico frente a esta clase de hechos.
Lamentablemente, hay algunos malos funcionarios que toman estas acciones solo como una criollada, diríamos como una repudiable criollada, cuando en realidad estamos frente a un grave delito que se castiga drásticamente cuando nos hallamos con manejos turbios de recursos públicos. Quien desafía a la ley debe asumir el costo de su accionar doloso eso ni vuelta que darle.