Editorial

Editorial: ::: NUEVO GOLPE A DELINCUENCIA :::

En una modalidad que ya no es ajena a los peruanos y menos aún a los Chimbotanos, el Ministerio Público y la Policía Nacional, emprendieron la semana pasada otro operativo madrugador que sorprendió a una gavilla de delincuentes en pijamas y fueron capturados por hallarse incursos en pesquisas de crimen organizado.

Esta vez el ojo de las autoridades estuvo puesto en la vecina provincia de Casma, en donde se allanaron decenas de viviendas y se detuvo a 19 personas, así como se decomisaron armas, explosivos, dinero y documentos reveladores que permitirán consolidar las pesquisas que a lo largo de varios meses está realizando la Policía.

Y es que para nadie era un secreto que en la apacible localidad de Casma habían sentado las bases de una peligrosa organización delictiva dedicada al sicariato, la extorsión, el asalto y robo así como la tenencia ilegal de armas de fuego, las cuales eran los promotores de una serie de atentados mortales y de asaltos y chantajes.

Se trata de los mismos maleantes que desde hace unos años sembraron las calles de sangre y muerte con crímenes selectivos, como los perpetrados en contra del alcalde de esa provincia José Montalbán Macedo y luego contra la abogada Milagros Aponte Roque, así como crímenes derivados del chalequeo de la minería ilegal de Huanchuy y la disputa de los terrenos de la criminalidad.

Uno de estos bastiones estaba dirigido por el avezado delincuente Wilfredo Córdova Minaya (a) “Loco Willy” quien a pesar de haber sido detenido después del asesinato del alcalde José Montalván, hecho que perpetró por encargo del ex alcalde Rommel Meza y el empresario Carlos Daniel León Milla, según la pesquisa policial, seguía operando desde el Penal de Cambio Puente, primero, y luego desde el Penal de Challapalca, en Puno, hacia el cual fue trasladado dada su peligrosidad.

Sin embargo, el seguimiento que ha realizado la Policía., con personal de Inteligencia, con interceptaciones telefónicas autorizadas, permitió descubrir que el delincuente seguía dirigiendo los hilos de la criminalidad desde tan lejos y contaba con equipos de comunicación que fácilmente los obtienen para seguir dando directivas y disponer que asaltos, crímenes y extorsiones se perpetren.

Para ello, el “Loco Willy” había comprometido a su hermano y otros familiares, así como a gente de su entorno, todos los cuales han quedado en evidencia en los partes policiales que ha mostrado al juez de la causa y son los que sustentan el pedido de detención preliminar que ha servido para dar con la captura de 19 de ellos.

Ahora, con más elementos de juicio que se han obtenido en el allanamiento de viviendas y celdas, el representante del Ministerio Público estará en condiciones de demandar la prisión preventiva por 18 meses de todos los aprehendidos mientras que trabaja no solo en la consolidación de estas nuevas pruebas, sino en la consolidación de la vinculación de otros que hasta el momento no han sido ni siquiera buscados.

Nos explicamos: el Fiscal de crimen organizado elaboró toda una tesis de trabajo que implicaba una extensa organización delictiva integrada hasta por 36 personas, cada una de las cuales tenía su propia misión y permitían que se cumplan los roles finales en la consumación de los delitos, empero, en ciertos casos el Juez no ha considerado indispensable la captura de 14 de ellos, ordenando el mandato de detención preliminar solo para 22 personas, de las cuales 19 fueron detenidas y otros tres quedarían como prófugos de la justicia.

Esta es la parte que nos preocupa a quienes vemos “desde las tribunas” con mayor margen para la reflexión los acontecimientos que ser suscitan en este megaoperativo que precede a otros dos que promovió en nuestra ciudad la Policía con despliegue de Fiscales y agentes policiales llegados de otras jurisdicciones con la finalidad de evitar que se filtre información en las unidades policiales de la localidad.

Ello porque llama la atención que de un universo de 36 personas el Juez haya dejado de lado a 14 porque no se cuenta suficiente sustento para dictarles una medida restrictiva de prisión, en otras palabras se trata caso del 40% de involucrados, a los que se sumarían otros que han sido capturados y que finalmente puedan ser comprendido en la pesquisas con mandato de comparecencia restrictiva.

Esto ha sucedido, por ejemplo, en otros megaoperativos emprendidos en nuestra ciudad, por un lado a los llamados “los Sangrientos de Coishco y Santa” y, por otro lado, “Los Orellanitas”, en cuyas incursiones se detuvieron a muchas personas que se prestaron para el manejo delincuencial de los cabecillas pero fueron puestos en libertad bajo criterios que no han dejado de llamar la atención.

Y es que cuando a nivel judicial se dictan esta clase de medidas que caen en el campo de la lenidad, la impresión que se deja a mucha gente es de debilidad ante la criminalidad organizada, cuando se requiere actuar con brazo firme y decidido de la ley, nos hallamos con resoluciones tibias y exageradamente garantistas que son capaces de echar por tierra el esforzado trabajo de los agentes policiales.

Sucedió en los dos casos mencionados, se desinflaron las denuncias y lo que es peor, los liberados comenzaron a merodear las viviendas de los colaboradores eficaces y de quienes los habían delatado para amedrentarlos y amenazarlos, lo que se debió haber previsto desde un primer instante.

Esperemos no ocurra lo mismo con este otro megaoperativo, hay que actuar con contundencia y mano dura contra quienes hacen del delito un “modus vivendi”, con quienes usan las armas para afianzar su cometido y llegan a matar si es que ello es necesario. La Policía ha realizado un trabajo de filigrana y he allí los resultados, ha asestado un nuevo golpe a la delincuencia organizada y ha puesto a sus criminales integrantes en manos de la justicia, esperemos que ahora no se cobijen sobre argumentos vanos para justificar alguna medida favorable a esta gente. Hay que demostrar que las ciudades organizadas podemos defendernos con las armas del bien y la democracia, con la justicia que se pone a la altura de las necesidades de seguridad de un pueblo. La pelota está en la cancha del juez.