Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Ingresar a un centro hospitalario del Ministerio de Salud o de EsSalud es como entrar en un campo de concentración sanitario, donde el paciente se ve despojado de todos sus derechos, incluso del más fundamental: el derecho a la vida. La atención en estos servicios de salud ha generado un profundo descontento entre los ciudadanos durante décadas, todo bajo el silencio cómplice de sucesivos gobiernos que han ignorado el clamor popular.
Desde el momento en que se accede al área administrativa, el trato recibido es inhumano. Esta situación se repite en todos los niveles de atención, donde muchas enfermeras parecen estar más capacitadas para gestionar situaciones penitenciarias que para cuidar a los pacientes. Los médicos, por su parte, a menudo exhiben actitudes indignantes que sólo agravan la desesperación de quienes buscan ayuda.
Las denuncias, gritos y lamentos de pacientes y familiares parecen caer en oídos sordos. Es alarmante la falta de respuesta ante estas quejas, lo que evidencia la necesidad urgente de una fiscalía especializada que investigue y sancione estos abusos. Lo que ocurre en estos hospitales no es solo una cuestión administrativa; son graves violaciones a los derechos humanos.
La solución a esta crisis no es sencilla, pero requiere una decisión política clara y contundente. O se privatizan los servicios de salud pública o el Estado debe financiar la atención en clínicas y hospitales privados. Esta alternativa permitiría que los peruanos accedan a un servicio de salud digno y respetuoso, algo que hoy parece una utopía.
Es inaceptable que la salud, un derecho humano básico, esté supeditada a la ineficiencia y corrupción del sistema público. Las medidas efectivas deben ser implementadas con urgencia para mejorar la calidad de atención y garantizar el respeto por los derechos de todos los ciudadanos. La salud no puede ser un privilegio; debe ser un derecho garantizado para todos.
La historia nos ha demostrado que los sistemas de salud pública pueden funcionar adecuadamente si se les proporciona la atención necesaria. Sin embargo, en Perú, parece que estamos atrapados en un ciclo interminable de promesas incumplidas y reformas superficiales. Es hora de exigir cambios reales y sostenibles en el sistema de salud, porque cada día que pasa sin acción es un día más en que los ciudadanos sufren las consecuencias de un servicio deficiente.
En conclusión, la situación actual exige un cambio radical en la forma en que se gestionan los servicios de salud en Perú. No podemos seguir permitiendo que las vidas de nuestros ciudadanos sean tratadas como cifras en un informe estadístico. La salud es un derecho humano fundamental y su protección debe ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno responsable.