Después de haber sido separado de su cargo como funcionario de la municipalidad distrital de Coishco y asimismo después de quedar automáticamente impedido de contratar la prestación de servicios con el Estado, el ex trabajador de esta comuna distrital, Enrique Jeampierre Arroyo Cueva, no tuvo ningún inconveniente en volver a ser contratado en enero del 2023, esta vez como contratista encargado de la elaboración de expedientes técnicos por un monto de 222 mil soles.
En esa fecha, el gerente municipal, César Enrique Eusebio Cueva, suscribió con Enrique Jeampierre Arroyo Cueva siete contratos de consultoría para la realización de este servicio, el mismo que, según la Contraloría General de la República, ya habría sido realizado con mucha anterioridad. La contratación de los servicios de Arroyo Cueva solo habría servido para enmascarar un servicio fantasma.
Conjuntamente con el gerente municipal, el órgano de control del Estado ha identificado con pelos y señales a otros cinco funcionarios de la comuna distrital quienes laboran en las áreas claves de administración, programación y presupuesto, logística y tesorería. Por orden de arriba, ellos se encargaron no solo de invitar a Jeanpierre Arroyo a participar en el concurso de precios, sino también de seleccionar su propuesta, dar la conformidad al servicio y acelerar los pagos correspondientes. Y todo esto lo han hecho con pleno conocimiento que el mencionado ex trabajador municipal está impedido de contratar con el Estado.
Para la Contraloría General de la República, en esta irregular operación existiría más una responsabilidad penal razón, por la que ha emplazado a la procuraduría municipal de Coishco a realizar en el acto la denuncia penal correspondiente. No existe otra alternativa.
De otro lado, en el marco de las posibilidades a las que nos tiene acostumbrados la gestión pública, cabe preguntarse si la comuna distrital de Coishco ha incluido estos 222 mil soles en la ejecución presupuestal de los años 2023 y/o 2024, periodos durante los cuales Coishco ha ocupado los primeros puestos a nivel de inversión pública de la provincia del Santa. De ser así y de comprobarse penalmente la denuncia, la comuna distrital no estaría quedando muy bien parada que digamos.
Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, cortar por lo sano y baldear la casa por dentro. A diferencia de los pagos, que no han sido justificados, la Contraloría ha constatado que el “servicio prestado” por Jeampierre Arroyo no se ha realizado. Es un servicio fantasma por el cual el Estado ha pagado 222 mil soles. Tiene que haber una sanción.