Ojo, Chinecas:
Después de una semana de soportar una andanada de acusaciones y calificativos de todo calibre a través de las redes sociales, el proyecto especial Chinecas ha emitido un comunicado oficial negando todo lo que ahí se ha dicho, pero sin precisar cuál es la verdad ni en que se fundan estas acusaciones. La duda se mantiene.
Las cosas más saltantes que se han podido rescatar del contenido de dicho “comunicado” es que, según Chinecas, ninguno de sus funcionarios cobra a los agricultores invasores o posesionarios un solo sol por los derechos de uso de tierra y consumo de agua. Sin embargo, conforme ha trascendido, ese pago se lo han lotizado los dos gremios laborales que existen al interior del proyecto y que manejan Chinecas a su regalada gana.
Mientras uno de ellos cobra a los posesionarios por el uso de las tierras invadidas, el otro hace lo propio con el cobro por el consumo de agua. Agua pa’ tí, agua pa’mi. Y aquí vale la pena preguntarse si esta cobranza está mormada por algún dispositivo legal, o es otra de las tantas ilegalidades que se han instaurado en Chinecas desde la aciaga época de los comandos.
Que sepamos, en ningún proyecto de irrigación nacional se permite a los gremios laborales, meter las manos en el manejo administrativo de la institución. ¿Por qué en Chinecas se tiene que aceptar semejante aberración?. ¿Bajo qué marco legal pueden los gremios laborales intervenir en el manejo económico del proyecto? . ¿Cómo se puede recibir pagos ilegales que provienen de ocupantes ilegales?.
Algo se tiene que hacer y pronto. Estos hechos son del más amplio dominio de la opinión pública y, por supuesto del gobierno regional de Ancash y también del gobierno central. Esta no es la forma de gestionar un proyecto de irrigación nacional.
Todas las gollerías y demás ilegalidades que se han instaurado en Chinecas y que forman parte de su modus operandi, tienen que ser erradicadas de raíz. En los dos años que ha cumplido la actual gestión regional, Chinecas no ha sido capaz de dar un solo paso adelante.
El convenio firmado con Pro Inversión para el relanzamiento del proyecto es bastante claro. La elaboración y aprobación del expediente técnico requiere que previamente se haya realizado el saneamiento físico y legal de las tierras, más de 40 por ciento de las cuales están en poder de invasores.
Sin ese saneamiento legal, y mientras exista un solo invasor, Chinecas no irá a ninguna parte. Permanecerá dónde y cómo está. Es una lástima que algunas congresistas ancashinas, lejos de insistir en imponer la legalidad, se hayan puesto del lado de poderosos grupos de invasores, que se hacen llamar agroexportadores, y que están exigiendo al Congreso de la República que se apruebe una ley que les permita seguir disfrutando de este ilegal beneficio.
Chinecas debería emitir otro comunicado donde asuma la realidad al cien por ciento. La verdad a medias es peor que la mentira.