Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En el laberinto judicial peruano, donde la interpretación de la ley debería ser un arte de precisión, nos encontramos con un capítulo que roza lo tragicómico: la actuación de la Fiscal de la Nación Delia Espinoza al presentar una denuncia constitucional contra once congresistas.
Con ignorancia supina la fiscal de la Nación denuncia a los congresistas por proponer, debatir y aprobar una ley que traslada al ordenamiento jurídico un principio fundamental ya contemplado y resuelto por el Tribunal Constitucional: el derecho del pensionario a percibir su pensión no se interrumpe si este retorna al mercado laboral con una remuneración.
Imagina por un momento que trabajas toda tu vida y al jubilarte te dicen que no puedes seguir ganando dinero si regresas a trabajar. Absurdo, ¿verdad? Pues resulta que este es el tipo de razonamiento que parece permear en el Ministerio Publico.
La remuneración y la pensión son como dos hermanos diferentes: la remuneración es tu salario actual, el fruto de tu trabajo diario; mientras que la pensión corresponde a tu ahorro previsional o aportes generados durante tus años de servicio. El Tribunal Constitucional ya lo ha dicho: un pensionista que vuelve a trabajar mantiene su pensión y puede cobrar su nueva remuneración. Simple y claro.
Otro punto que parece escapar de la comprensión de la fiscal de la Nación es la libertad de opinión y voto de los congresistas. Los congresistas tienen derecho constitucional a expresar sus opiniones y emitir sus votos sin temor a represalias. ¿Por qué? Porque la democracia necesita voces libres, sin el miedo de ser perseguidas por sus ideas. El artículo 93 de la Constitución establece taxativamente que los congresistas no son responsables ante ninguna autoridad por opiniones o votos emitidos en ejercicio de sus funciones
Lo más preocupante es que no es un error aislado, sino un patrón que sugiere un desconocimiento sistemático de principios jurídicos fundamentales. Una fiscal que no comprende estos conceptos básicos es como un piloto que no sabe leer un mapa: tarde o temprano, el viaje terminará en un desastre.
La justicia no debería ser un campo minado donde la interpretación personal prevalece sobre la constitucionalidad. Necesitamos operadores jurídicos que entiendan que su rol es proteger derechos, no vulnerarlos.