La semana pasada efectivos de la Policía Nacional pusieron a buen recaudo a cuatro sujetos que eran integrantes de una banda de asaltantes que se preparaban para dar un golpe en agravio de una empresaria propietaria de una empresa de servicio de taxi, incautándoseles dos armas de fuego.
Los delincuentes fueron identificados como miembros de la banda “Los injertos de Abancay” y de acuerdo a las acciones de Inteligencia de la Policía Nacional se trata de “marcas” que se desplazan por la zona bancaria en busca de sus víctimas a las cuales luego de identificar las siguen hasta interceptarlas y despojarlas del dinero que han retirado.
Al ser intervenidos se hallaban abordo de un vehículo en el que trataron de huir, empero, tras una persecución con asistencia del escuadrón de emergencia, fueron detenidos hallándose en poder de dos de ellos las armas de juego.
Aparentemente este hecho dio lugar a que la Fiscalía que se hizo cargo de esta investigación disponga el inicio del juicio por flagrancia solo contra estos dos sujetos, mientras que los otros fueron puestos en libertad en la medida que solo se solicitarían para ellos una medida de comparecencia restringida
De primera intención se considera este hecho como un craso error en la medida que los dos delincuentes liberados formaban parte de una gavilla de asaltantes, se trataba de una banda y, por ende, incurren en el delito de Asociación Ilícita para delinquir.
Esto no se consideró así y se les denunció a los primeros por delito de Tenencia Ilegal de Armas y ante la evidencia un Juzgado de Flagrancia los ha condenados a 10 y 5 años de carcelería en el curso de apenas tres días.
Sin embargo, en este ínterin, aun cuando fue materia de una publicación en los medios de comunicación, la Fiscalía no reparó que en Casma se hallaba en curso una investigación por el asalto a la sede de la empresa Sedachimbote en esa ciudad, en la cual se afirmaba que los autores de ese hecho eran los mismos integrantes de la banda “Los Injertos de Abancay”.
Ello porque la Policía dejó constancia en el informe policial que una de las dos armas incautadas a los malhechores era la misma que le despojaron al vigilante de la mencionada empresa el día que la asaltaron.
Esta evidencia probatoria ponía de manifiesto que los delincuentes ya no solo deberían ser investigados por tenencia ilegal de armas sino por asalto y robo a mano armada, empero, esta pesquisa se hallaba en la Fiscalía de Casma, la cual al tomar conocimiento de esto debió incluir en su disposición la incorporación de estos sujetos.
Esto debería ser así en la medida que la Policía de Investigación Criminal había citado a los trabajadores de la empresa de Sedachimbote para los efectos que realicen un reconocimiento a los sujetos detenidos y pueda identificarlos si todos ellos o algunos de ellos tomaron parte en el mencionado atraco.
La diligencia resultó positiva, los trabajadores identificaron plenamente a los maleantes y la Policía remitió el informe a la Fiscalía, empero, esta dependencia debería derivar esta pesquisa a la Fiscalía de Casma por tratarse de un hecho que se investiga en esa ciudad y, en ese ínterin, se produjo la liberación de los dos delincuentes.
El Fiscal de Casma solo pudo hacer una citación para que los sujetos se presenten a responder por los cargos del asalto a Sedachimbote, lo cual, obviamente, no ha sucedido porque esta gente apenas gana las calles se pone a buen recaudo a sabiendas que tiene sobre sus hombros cargos delictivos sumamente graves.
De allí que los ciudadanos no llegamos a entender cómo es que el mecanismo de la justicia puede ser tan vulnerable a una situación como ésta en la que teniendo a dos delincuentes de una banda de asaltantes identificados por los agraviados de un delito cometido en Casma, no pueden ser trasladados al penal de Cambio Puente como los otros dos integrantes de la gavilla de atracadores.
Casma es una ciudad que se encuentra a solo 35 minutos de Chimbote, los sistemas de comunicación se registran en tiempo real con la tecnología que está sumamente avanzada, entonces no se llega a comprender como es que no pudo existir una estrecha comunicación entre los representantes del Ministerio Público de Chimbote y Casma como para impedir que dos maleantes sumamente peligrosos, que han tomado parte en un asalto a mano armada puedan salir libres y darse a la fuga.
Los medios de comunicación ya había alertado por información proporcionada por la Policía que los maleantes eran los mismos que asaltaron la empresa de saneamiento en Casma porque se identificó el arma de fuego incautada, entonces los Fiscales eran conscientes que allí existía una evidencia suficiente como para enviarlos a todos al Penal, empero, no hicieron esfuerzo alguno para consolidar esta imputación y dejaron que dos peligrosos delincuentes ganen las calles y seguramente en estos momentos deben estar merodeando alguna empresa o siguiendo a otros empresarios para cometer sus fechorías en la medida que esta gente no sabe hacer otra cosa.
Cierto es que los magistrados tendrán sus propias razones, buscarán la manera de deslindar alguna responsabilidad ante esta lacerante realidad que nos coloca a una administración de justicia incapaz de poder poner tras las rejas a delincuentes identificados como autores de delitos graves, empero, no es momento para esta clase de justificaciones, lo que se necesita es demandar los correctivos necesarios para que no se produzcan en el futuro esta clase de situaciones.
No podemos olvidar que hace algunos años, cuando entró en vigencia este nuevo modelo procesal penal, una falla de la Fiscal permitió la liberación de delincuentes de la criminal banda de “Chazán”, de allí que es evidente que estamos frente a un mecanismo ineficiente en el procedimiento de investigación y de enjuiciamiento de los delincuentes, si se tienen que hacer correctivos que se hagan, si se tiene que mejorar a nivel de coordinación entre los operadores de justicia, que procedan de inmediato., no se debe permitir que otro maleante gane las calles de esta increíble manera.