La delincuencia sigue cobrando víctimas en Nuevo Chimbote, y lo más preocupante es que los responsables de estos actos atroces aún no han sido identificados. Dos recientes episodios de violencia extrema que conmocionaron a la población y evidenciado la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.
El primero de estos crímenes ocurrió en la quincena de noviembre de 2024 en el Asentamiento Humano Las Quintanas. Cinco personas, ciudadanos de bien con trabajos conocidos, fueron asesinadas a sangre fría mientras se encontraban reunidas en un taller. Pese a los esfuerzos iniciales, la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha logrado identificar a los autores de este hecho. La falta de resultados genera incertidumbre y miedo entre los vecinos, quienes se sienten cada vez más indefensos y desprotegidos ante la delincuencia.
Poco tiempo después, en enero de 2025, otro hecho sangriento sacudió el Asentamiento Humano Señor de los Milagros del Sur. Sujetos desconocidos irrumpieron en la vivienda de la secretaria general del pueblo, hiriéndola de gravedad y asesinando a su esposo. Actualmente, ella se encuentra hospitalizada en Lima, luchando por su vida. Mientras tanto, los responsables siguen libres, lo que refuerza la sensación de impunidad y desprotección en la ciudadanía.
Estos crímenes son reflejo de una ola delictiva que viene azotando no solo a Nuevo Chimbote, sino a todo el país. Sin embargo, la PNP y su aparato de inteligencia han demostrado ser insuficientes para controlar la situación en sus respectivas jurisdicciones. La precariedad en la que se encuentra el Ministerio del Interior, del cual dependen, no hace más que agravar el problema.
A pesar de los esfuerzos de algunas autoridades locales, como los manifestados en la última sesión del Comité de Seguridad Ciudadana Provincial (CORESEC), la respuesta gubernamental sigue siendo débil. La voluntad política no es suficiente si no se traduce en acciones concretas y efectivas. Es imperativo fortalecer los mecanismos de inteligencia y prevención del delito, porque sin un plan estratégico sólido, la delincuencia seguirá en ascenso.
La seguridad ciudadana debe ser una prioridad inmediata para el Estado. No podemos seguir normalizando la violencia ni resignándonos a vivir con miedo. La impunidad solo alienta a los delincuentes, mientras que la inacción del gobierno debilita la confianza de la población en sus instituciones. Es hora de exigir respuestas claras y medidas contundentes para frenar esta crisis de inseguridad que nos afecta a todos.