Ha tenido que ocurrir una tragedia de la magnitud de lo sucedido en Trujillo para que recién se cuestione la efectividad de las normativas vigentes sobre las inspecciones técnicas de Defensa Civil. Hasta ayer, el número de fallecidos variaba entre seis y ocho, dependiendo de la fuente, mientras que más de ochenta personas resultaron heridas tras el colapso del techo en el patio de comidas del Real Plaza.
Lamentablemente, en nuestro país estamos acostumbrados a estas coyunturas: cuando la desgracia ocurre, comienza la cacería de culpables. Los políticos aparecen para figurar en redes sociales y hacer declaraciones oportunistas. Un exalcalde trujillano, por ejemplo, aseguró que siempre supo que este establecimiento comercial no debía operar, lo que plantea una pregunta inevitable: si lo sabía, ¿por qué no actuó en su momento? Este tipo de declaraciones parecen más un intento de ganar protagonismo que un verdadero compromiso con la seguridad ciudadana.
Más allá de las responsabilidades políticas y penales que deben establecerse, no se pueden ignorar los problemas estructurales de la normativa vigente. La razón es simple: las inspecciones de Defensa Civil, entidad responsable de autorizar el funcionamiento de infraestructuras comerciales, no las realizan especialistas en estructuras. Un comunicado del Colegio de Arquitectos del Perú denunció que estas evaluaciones las llevan a cabo profesionales ajenos a la materia, como agrónomos y químicos, en lugar de ingenieros estructurales o arquitectos.
Como si esto fuera poco, un congresista impulsó un proyecto de ley para establecer la vigencia indeterminada del certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Aunque la propuesta fue archivada, el hecho de que se haya planteado revela una peligrosa tendencia en la legislación: la aprobación de normas con intereses particulares en lugar de proteger el bienestar ciudadano. Es inaceptable que se intente flexibilizar requisitos que afectan directamente la seguridad de miles de personas.
El colapso del techo en el Real Plaza de Trujillo debe ser un llamado de atención urgente. Es imperativo que las autoridades emprendan investigaciones y peritajes exhaustivos para determinar las causas del desastre y establecer responsabilidades. Pero no basta con identificar culpables: se debe replantear el futuro de las normativas de seguridad estructural en el país.
Es necesario un cambio profundo que garantice que las inspecciones sean realizadas por especialistas calificados y que se establezcan sanciones drásticas para quienes incumplan con los estándares de seguridad. Además, el Estado debe priorizar la atención a las víctimas, asegurando la cobertura de sus necesidades médicas y otorgando indemnizaciones justas a los afectados y a las familias de los fallecidos.
No podemos permitir que este desastre quede en el olvido, como ha sucedido con tantas otras tragedias en el país. La seguridad de las infraestructuras no puede depender de la improvisación ni del oportunismo político. Esta tragedia debe marcar un antes y un después en la manera en que se regulan y fiscalizan las edificaciones en el Perú. De lo contrario, estaremos condenados a repetir la historia una y otra vez, con nuevas víctimas y la misma indignación pasajera.