Abogada sustentó pedido en audiencia:
Abogada sustenta ante vocales solicitando indemnización justa.
La defensa legal de la joven suboficial PNP que murió atropellada en el mes de abril del año 2005, sustentó ayer ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa su pedido para incrementar el monto de la indemnización y reparación civil fijada tras su desaparición por considerarla diminuta.
La abogada Janet Alva Sánchez fue la encargada de argumentar ante los magistrados Olga Vanini Chang, José Manzo Villanueva y Frey Tolentino Cruz que durante la sentencia de primera instancia se había considerado como parte del monto indemnizatorio los gastos realizados por el SOAT y otros conceptos que no hacen justicia en torno a la pérdida de la vida de Anghie Milagritos Arana Millán (22) con una importante proyección de vida.
Alva Sánchez dijo que el monto de 60 mil soles fijado en la resolución de primera instancia no hace justicia con el truncamiento en la vida de una joven suboficial que tenía un camino largo de éxito, por esa razón pidieron que se incremente el mismo en una suma superior al medio millón de soles.
Los jueces superiores dejaron al voto el pedido y fijaron para el miércoles 27 de diciembre la fecha de lectura de sentencia. Durante la audiencia de apelación de sentencia, participó Edme Millan Palacios, madre de la joven, quien confía que se hará justicia con su pretensión.
La tarde del 29 de abril del 2015, Javier Jesús Saavedra Mendoza circulaba en su automóvil por la carretera Panamericana Sur por el kilómetro 422, cuando repentinamente giró hacia su lado derecho, impactando violentamente contra la motocicleta que transportaba a los efectivos policiales Vladimir Luján Morón (18) y Milagritos Arana Millán (22), quienes resultaron gravemente heridos. Producto de las lesiones, la suboficial Arana murió cuando era atendida en una clínica local.
Saavedra Mendoza, se acogió a la terminación anticipada del juicio y tras aceptar su responsabilidad en el delito de homicidio culposo, recibió una condena de 3 años, diez meses y diez días de prisión, suspendidos en su ejecución por un plazo de 3 años.
Respecto al monto de la reparación civil, la primera instancia determinó que sean 60 mil soles, sin embargo, la familia de la agraviada se mostró disconforme y apeló ante la Sala Superior. Sobre la pena aplicada, no hubo cuestionamientos y la misma quedó consentida y ejecutoriada.