Un verdadero escándalo promovieron congresistas del Partido Fuerza Popular luego que el Fiscal a cargo de la investigación a la lideresa Keiko Fujimori por presunto delito de lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir, llegó a dos locales de dicha agrupación con la finalidad de intervenirlos e incautar documentación que consideraba necesaria para el avance de las investigaciones ordenadas por su despacho.
Los parlamentarios, amparados en su inmunidad y la exagerada influencia que les otorga el solo hecho de ostentar una medalla del congreso, no solo protestaron por la intervención sino que incursionaron en los mismos en medio de la diligencia que realizaba el magistrado y, en algunos casos, llegaron hasta entorpecerla con comentarios fuera de lugar, preguntas inoficiosas y filmaciones con teléfonos celulares de carácter intimidatorio.
Lo cierto es que al margen de la pertinencia o efectividad de la medida, el Fiscal José Domingo Pérez había llegado con una orden judicial que respaldaba su accionar, lo que quiere decir que estaba realizando una diligencia autorizada por el Poder Judicial y cualquier perturbación a ella lesionaba la majestad de la justicia y colocaba al protagonista de ello en una figura de índole penal.
Algo similar, aunque en otras connotaciones, ha ocurrido en nuestra ciudad la semana pasada cuando la Fiscalía provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios intervino el local político del Movimiento “Rio Santa Caudaloso” atendiendo una investigación preliminar ordenada por ella luego de tomar conocimiento que existirían trabajadores contratados de la Municipalidad Provincial del Santa que estarían realizando trabajos en el mencionado local político.
Los hechos estaban relacionados con las acciones de agasajo que suelen realizar las autoridades en las fechas previas a la Navidad, una actividad que no solo está aderezada de sentimientos solidarios y altruismo, sino que arrastra un evidente contenido político por parte de las autoridades que, ante la inminencia de un año electoral, hacen hasta lo indecible no solo para aparecer en todos los medios sino mostrándose como benefactores ante una comunidad que es la potencial fuente de votos en el futuro.
Hasta donde se ha informado, la Fiscalía habría recibido información confidencial mediante la cual se advertía que se estaría utilizando a trabajadores contratados para actividades proselitistas, un hecho abiertamente ilegal y delictivo en la medida que, a decir de esos cargos, se estarían utilizando los recursos públicos para actividades partidarias.
Por ello es que, antes que puedan desaparecer las huellas o que se alerte a quienes presuntamente infringen la ley, la Fiscalía decidió llevar adelante una diligencia de intervención a efectos de verificar si esta información es cierta, de la misma manera, realizó una verificación en el Palacio Municipal a efectos de recoger información relacionada con los contratos de los trabajadores, sus horarios de trabajo, los sistemas de control de ingreso y salida, etc.
No sabemos qué es lo que ha podido encontrar la Fiscalía, sin embargo, contrariada por la decisión de la representante del Ministerio Público, fue la alcaldesa provincial Victoria Espinoza García, quien ratificó en parte la veracidad de la denuncia anónima, señaló que era cierto que existían algunos trabajadores municipales contratados que están identificados con la causa de su movimiento político y estaban apoyando los trabajos partidarios pero que estos se realizaban fuera del horario de trabajo.
En tal sentido, la burgomaestre consideró que no tiene nada de malo que cualquier trabajador utilice sus horas libres como mejor le plazca, en tal sentido, hay algunos que son militantes y seguidores de su movimiento político y por ello se muestran dispuestos a apoyar las causas que se realizan en favor de los más necesitados, por lo que son recibidos con los brazos abiertos en la medida que no infringen ninguna norma al ponerse a disposición de las campañas solidarias del partido político.
Sin embargo, esta versión aun está por verse, se sabe que la Fiscalía habría recibido no solo una versión sino pruebas fílmicas de la presencia de estos trabajadores ediles dentro del horario de trabajo y lo que busca es contrastar información, lo que interesa en este caso es naturaleza legal de la intervención realizada por el Ministerio Público.
Ello porque la Fiscalía es un organismo que tiene la carga de la prueba y el monopolio de la acción penal, como tal lo que hace es investigar las denuncias que llegan a su poder y aquellas que recoge de diversas maneras, sea de carácter verbal, de los medios de comunicación o por información confidencial.
En estos casos su actuación se convierte en una intervención de oficio, el Ministerio Público asume el rol de protección de la sociedad y por ello cuenta con atribuciones plenas para investigar un delito como si fuera el propio agraviado y la ley lo autoriza cuando existe una “ noticia criminis”, una información lo suficientemente confiable como para mover la maquinaria de la investigación.
Por ejemplo, en la víspera de la navidad la Fiscalía de la vecina provincia de Yungay tomó la decisión de intervenir las oficinas de la Municipalidad Provincial al tomar conocimiento de la existencia de graves y presuntas irregularidades en la entrega de panetones y presentes navideños en lejanas comunidades de la zona.
El Fiscal se tomó la molestia de dirigirse hasta el mismo lugar y recoger las evidencias del caso que estaban relacionadas con la entrega de panetones, luego de ello se dirigió a la Municipalidad en donde exigió la entrega de la documentación relacionada con la adquisición y distribución de los panetones que se había dispuesto en esa campaña navideña a efectos de cruzar información.
¿Tendría algo de malo o ilegal esa intervención? De ninguna manera, así como la que intervención que se ha realizado en el local político de “Río Santa Caudaloso”, la Fiscalía no solo tiene la atribución sino que arrastra una obligación de investigar cuando existen presuntos indicios de delito en el manejo de los recursos del estado, y, por el contrario, las autoridades o funcionarios públicos tienen la obligación de acreditar y demostrar que la disposición de estos presupuestos ha sido legal y transparente. Nada más simple y sencillo de comprender.