Editorial

COACTIVOS FANTASMAS

El año pasado llegó a su fin el largo y dilatado juicio penal que se siguió al ex rector de la Universidad Privada San Pedro, José María Huamán, relacionado con las “asesorías fantasmas”, caso por el cual se condenó a la mencionada ex autoridad como a una serie de letrados a tres años de pena de cárcel y por cuyos hechos todos se encuentran en calidad de prófugos de la justicia.

Aquel proceso penal se ventiló por un fraude urdido por las autoridades de esa casa universitaria, específicamente por el ex rector y en extinto asesor legal José Rómulo Jacinto Teque, quienes tomaban los juicios penales seguidos por la Universidad y que ya estaban resueltos y buscaban abogados que se prestaran a la presunta contratación de servicios para cobrar por ese juicio cuantiosas sumas de dinero.

En otras palabras, concertaban el pago de juicios ya concluidos con la única finalidad de beneficiarse con los dineros de la Universidad, modalidad delictiva con la que pudieron cobrar más de tres millones de soles y que fue descubriéndose poco a poco con espantosa sorpresa en algunos casos.

Por ejemplo, una abogada trujillana, quien falleció en la secuela del juicio, reveló a la prensa y ante el Juez que ella no prestó un solo servicio legal a la Universidad pero se sorprendió que la Sunat la acote con una presunta deuda por concepto de honorarios profesionales que debería haber retenido de la Universidad, pues aparece un comprobante de pago de su estudio jurídico acreditando un cobro de más de medio millón de soles que jamás realizó.

Esta modalidad ha sido castigada por la justicia el año pasado, empero, ahora se conoce que en nuestra provincia no solo se ejecutó esta clase de “asesorías fantasmas” sino que también se perpetraron delincuenciales maniobras en el campo coactivo, aparecieron personajes siniestros que se coludieron con alcaldes distritales para cobrar presuntamente deudas coactivas pero cuyo objeto era en realidad embolsarse millonarias sumas de dinero que se repartían entre aquellos y los alcaldes.

Este juicio conocido en los medios judiciales como el “Caso Macking” ha salido nuevamente a la luz hace solo unos días en la medida que la Segunda Sala Penal de Apelaciones ha dictado una doble condena contra uno de los involucrados en este escandaloso hecho que, a la sazón, se arrastra desde hace algunos años atrás.

Se trata de la doble condena de siete y cuatro años de prisión efectiva que se ha dictado contra Luis Enrique León Siguas, un individuo que hacía las veces de sub gerente de la empresa Macking Servicios Sac, que al mismo estilo de las asesorías legales fantasmas, aparecía firmando contratos leoninos con los acaldes para el cobro de deudas coactivas del gobierno regional de Áncash y embolsicarse el pago de comisiones en porcentajes escandalosos que les permitían quedarse con la mayor parte del cobro realizado.

Era en realidad un contubernio entre los alcaldes de entonces del poblado menor de Cambio Puente Julio Saona Giraldo y de Jimbe Lorenzo Navarrete, quienes se prestaron a esta maquinaria delictiva que pretendía hacer aparecer un inexistente trabajo coactivo de deudas cuya cobranza ya estaba encaminada por las dependencias tributarias de las propias municipalidades pero que, en el fondo, solo pretendía justificar el pago de comisiones que terminaban siendo una repartija ilegal.

Justamente, la doble condena impuesta a Luis León Siguas es el colofón de este sonado caso en la medida que se encontraba prófugo de la justicia, pues los demás involucrados ya han sido condenados a penas efectivas y algunos están cumpliendo carcelería en los penales de nuestra ciudad como el gerente de Macking César Damián García y el entonces gerente municipal del Municipio de Cambio Puente, Arturo Marroquín Debernardi, mientras que los otros como Julio Saona Giraldo se encuentran en la clandestinidad y huyendo de una condena de 11 años de cárcel efectiva.

Es evidente que en este caso de “Coactivos Fantasmas” estamos ante fraudes perpetrados por corruptos que encontraron la manera de sacarle provecho a los cargos desde los cuales se manejaban millonarios presupuestos, que urdieron trabajos inexistentes para justificar el pago de millones de soles que fueron a parar a sus propios bolsillos. Que ahora paguen con la cárcel estas maniobras delincuenciales.

DECEPCIÓN POPULAR

Los sectores más pobres no tienen probabilidades para aspirar a que la justicia responda a sus propias expectativas, en otras palabras no tienen acceso a la justicia porque acceder a ello implica gastos que ellos no pueden asumir, comenzando por contratar un abogado.

Por ello es que no encuentran otra manera de hacer justicia que apelando a la mano propia, aquella que le permite por lo menos castigar a los delincuentes que en contados segundos  se llevan todo lo que con esfuerzo han adquirido a lo largo de muchos años.

Uno de estos casos se registró luego de la navidad en el A.H. Unión del Sur”, en donde los moradores sorprendieron a un sujeto intentando ingresar a una vivienda, por lo que tras capturarlo fue llevado hasta un poste en donde lo ataron y lo castigaron por sus malas costumbres de robar a los demás.

En ese ínterin llegó un sexagenario morador del A.,H- Señor de los Milagros del Sur, quien lo identificó como uno de los ladrones que se llevaron todas sus pertenencias en las vísperas de la nochebuena, por lo que decidieron castigarlo como corresponde antes de entregarlo a las autoridades, pues los patrulleros y serenos aparecieron para rescatarlo como si de esta manera premiaran al hampón.

Lo demás es un guion conocido, el sujeto fue liberado por el Fiscal Carlos Moreno Rentería quien, a decir de la información policial, consideraba que su captura no se produjo en flagrancia de delito y porque no existía otra denuncia más en su contra, en otras palabras, el Fiscal pretende que sea la Policía la que lo sorprenda intentando ingresar a la vivienda o que existan varios agraviados para que este hampón vaya a la cárcel. ¡Qué manera de hacer justicia!. Esto es solo parte de la decepción popular que existe ante la labor de jueces y fiscales que defraudan las expectativas de un pueblo golpeado por la delincuencia.