Noticias Locales

FISCALÍA TIENE PLAZO HASTA EL 20 DE ESTE MES POR CASO “LA CENTRALITA”

6-feb-fisc

Plazo final y definitivo. La Jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del nuevo sistema anticorrupción, María de los Ángeles Álvarez Camacho, otorgó un plazo máximo de diez días, que se vencen el lunes 20 del presente mes, para que la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Corrupción de Funcionarios, emita su pronunciamiento en torno al emblemático caso “La Centralita”.

En resolución notificada la tarde de ayer a todos los sujetos procesales, la magistrada amparó el requerimiento de control de plazo solicitado por la defensa técnica del investigado Martín Belaunde Lossio y determinó que en un plazo máximo de 10 días debe emitirse el pronunciamiento para saber si formula acusación o pide el sobreseimiento (archivo) de los 80 imputados.

La decisión judicial encontró un punto medio entre el pedido de la defensa técnica de Martín Belaunde Lossio quien solicitó que se otorgue un plazo máximo de tres días y la propuesta del Ministerio Público que pidió 30 días para emitir pronunciamiento. La Jueza Álvarez Camacho, determinó que la Fiscalía se pronuncie en diez días.

En sus argumentos, la Jueza señala que se ha verificado que el Ministerio Público, que contaba con treinta días para expedir su requerimiento fiscal- contados desde la conclusión de la investigación preparatoria-, se ha excedido en demasía el plazo legal; “corresponde controlar dicho plazo, amparando la solicitud presentada en este extremo” señala la resolución judicial.

Detalla que se debe ordenar al fiscal responsable del caso, cumpla con presentar su requerimiento, ya sea acusatorio, de sobreseimiento, o mixto, en el término de diez días (que se vence el lunes 20 de febrero), en salvaguarda al debido proceso y al plazo razonable; más aún, si en el presente proceso existen investigados con mandato de prisión preventiva y un proceso penal en una situación indefinida” culmina diciendo la magistrada.

En el caso La Centralita hay 80 personas naturales investigadas y 5 personas jurídicas como responsable solidarios de llegarse a una sentencia condenatoria.