Uno de los hechos más escandalosos en la desastrosa gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar fue, qué duda cabe, la compra sobrevalorizada de ambulancias que fueron distribuidas por toda la región y que representó un millonario egreso a las arcas regionales sin que haya existido un estudio previo o se tomen las precauciones en los requerimientos de una compra de esta envergadura.
Y es que ya por entonces, el año 2010 y 2011 se pudo establecer que la compra fue fraudulenta porque se compraron camionetas que fueron acondicionadas como ambulancias, se trataba de vehículos que no estaban preparados para circular por las carreteras de la sierra y que carecían de equipos idóneos para la asistencia de heridos.
Ya por aquellos años el fiscal provincial Román Romeo Loli consiguió hallar muchas evidencias de una millonaria sobrevalorización que superaba los tres millones de soles, una pericia técnica que había solicitado luego de haber intervenido el patio del campamento de Vichay y de haber revisado los vehículos recién llegados, confirmó que la compra era realmente un fraude.
Los ancashinos no podemos olvidar la manera como la maquinaria de corrupción que había establecido el ex presidente regional la emprendió contra todos aquellos que se atrevieron a denunciar el escándalo, inclusive, presionó a las autoridades judiciales y fiscales que por entonces estaban sometidas al poder corrupto del dinero para que echen y sancionen a cuanto fiscal o juez se atreviera a admitir los cargos en su contra.
Fue por ello que en esos tiempos los fiscales salían volando de los cargos y se llegó al extremo que algún Juez y vocales sometidos a ese engranaje de corrupción lleguen al extremo de separar del proceso judicial a Álvarez Aguilar a sabiendas que fue el primer interesado en que se concrete esta fraudulenta compra y por ello se paseó por toda la región presentando estos vehículos, a despecho de los cuestionamientos que formulábamos los pocos medios de comunicación que no se sometieron a esa caterva de corrupción.
Lo cierto es que el proceso penal quedó nadando en medio de la indiferencia y desidia de magistrados que no querían hacerse problemas, inclusive, después de la caída de la denominada red de corrupción el caso recién fue tomado en cuenta y se retomó para llegar la semana pasada a un estado de sentenciar.
Cuando todos esperaban que los que se prestaron al manejo delictivo de esta compra fraudulenta, aquellos que formaron parte de ese aparato montado por el ex presidente regional fueran condenados con todo el peso de la ley, los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Ancash, con sede en Huaraz, han dictado condena solo contra tres empleados estables del Gobierno Regional, mientras que aquellos que dieron las ordenes y los que montaron este burdo engaño han quedado exentos de responsabilidad según el fallo de los magistrados.
El propio ex Presidente de la Junta de Fiscales de Ancash, el fiscal Superior Marco de la Cruz Espejo, ha calificado esta sentencia como indignante en la medida que quienes conocieron como se promovieron los conciliábulos en la época de la red de corrupción son conscientes que fue el ex presidente regional y su entorno los que maquinaron este fraude en nuestra región.
En efecto, los medios de comunicación dieron a conocer en su momento como se realizó esta transacción y como es que el entonces presidente regional César Álvarez la presentó como una de las grandes e importantes adquisiciones de su gestión, adujo que el sector salud se fortalecía con la incorporación de estas unidades y se paseó por todos los pueblos de la región mostrando las ambulancias y respondiendo, cual audaz médico, los cuestionamientos que se formulaban públicamente por entonces.
Sin embargo, las ambulancias no fueron tales, solo se había convenido en comprar camionetas que fueron adaptadas, por ello en cuestión de un año ya existían muchas de estas unidades que había quedado inoperativas, los medios publicaron las fotografías de algunas de ellas que fueron llevadas a la sierra que se partían en dos por que no estaban preparadas para circular por los caminos de la sierra.
El fraude en la compra de estas ambulancias fue tal que ni siquiera se había elaborado previamente un estudio técnico y de costos que permitiera establecer la asignación de un presupuesto que financie la contratación de choferes que las manejen o del mantenimiento que necesitarían tras el registro de determinada cantidad de kilómetros, como lo haría cualquier propietario de un vehículo.
Fue por eso que en esos años estalló una segunda denuncia relacionada con la estafa a 79 choferes que fueron convocados por los funcionarios del entorno del ex presidente regional y contratados de manera verbal y sobre la marcha para que trasladen las unidades por las principales ciudades de la región, sin embargo, terminado este periplo las ambulancias fueron repartidas entre postas y hospitales y se responsabilizó a cada establecimiento a dotarla de choferes seleccionados en las planillas de sus trabajadores, mientras que los conductores que manejaron las unidades en esas dos primeras semanas no solo fueron dejados al margen sino que ni siquiera se les pagó por su trabajo.
Esa es la real catadura de la gente que manejó la región en ese entonces, sin embargo, pese a que lo conocieron todos en Ancash, y nos imaginamos que también fueron testigos los magistrados que han debido sentenciar este caso, llama poderosamente la atención que se condene a empleados que por entonces desempeñaron algún cargo que tuvo que ver con la tramitación de los documentos pero que no desempeñaron ninguna función estelar o que tenga poder de decisión en dicha compra.
Los verdaderos responsables de ese escándalo no han sido condenados, se ha buscado a una suerte de “chivos expiatorios” para justificar la acción judicial. Afortunadamente se trata de un fallo en primera instancia que ha sido impugnado por el representante del Ministerio Público, de allí que todos esperan que la máxima instancia judicial, la Corte Suprema revierta una sentencia que tiene todos los ingredientes que le colocan un olor inconfundible a impunidad.