Un compacto grupo de mujeres, portando carteles y pancartas y blandiendo globos de color blanco, salieron el último fin de semana a las calles de nuestra ciudad para expresar su protesta y repudio por los actos de violencia contra la mujer y por los ultrajes y violaciones que proliferan contra los niños.
La marcha coincidía con una manifestación realizada a nivel nacional como secuela de una indignada reacción del pueblo peruano tras el alevoso y execrable crimen de la niña Jimena, de 11 años de edad, quien fue ultrajada y asesinada por un desquiciado que, con el ánimo de no dejar huellas de su accionar, incineró sus restos y los arrojó en la vía pública.
Este hecho ha provocado la reacción popular, a pesar que los medios de comunicación han difundido siempre miserables ataques de violadores, jamás se había conocido de tanta insania y desprecio por la vida humana como lo ha puesto de manifiesto este sujeto identificado como César Alva Mendoza.
Y es que tanta indignación ha generado su accionar que muchos han expresado su repudio blandiendo nuevamente las banderas de la necesidad de imponer la pena de muerte, el máximo castigo que busca que responder ante la cruda violencia con la misma carga de drasticidad a efectos de impedir que sigan cometiendo esta clase de aberraciones.
Cierto es que una medida como esta no se puede aplicar de un momento a otro, menos aun cuando nuestro país está adscrito a la convención americana de derechos humanos y ha firmado el pacto de Costa Rica que nos somete a una jurisdicción internacional a través de la muy cuestionada y criticada Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El país tendría que renunciar a estos convenios y luego el Congreso de la república tendría que debatir la reforma constitucional, pues la pena de muerte no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, salvo en los casos de espionaje y traición a la patria.
Pero para la reforma de la Constitución no solo se requiere un dictamen aprobado en comisiones, sino que el pleno debe aprobarlo en dos legislaturas ordinarias consecutivas, lo que quiere decir que este trámite por lo menos puede llevarse a cabo en unos tres años si es que no existe una cerrada oposición.
Sin embargo, aun cuando en el país ya todos son conscientes de lo dificultoso que representa este tema, la corriente favorable a la aplicación de la pena de muerte ha ido creciendo y los factores fundamentales para que ello suceda son la impunidad y las tendencias cada vez más violentas de una sociedad de consumo que ha perdido paulatinamente el cultivo de los valores.
Muchos sostienen que no se puede sancionar con la muerte a quienes quitan la vida a otros porque ello representaría volver a los tiempos de la “ley del talión”, devolver con violencia frente a un acto de violencia, por ello la corriente abolicionista fue creciendo en el mundo y la mayoría de los países ha desterrado esta medida como sanción punitiva.
Sin embargo, uno de los principales argumentos de los abolicionistas ha sido siempre el error judicial, la posibilidad que la justicia no pueda establecer la responsabilidad de una persona en la comisión de un delito penado con la pena de muerte y llegue a sancionar esta medida que no tiene posibilidad de revertirse porque al quitarse la vida a un condenado ya nadie podrá devolverla si posteriormente se determina que es inocente.
Y es que el error judicial ha sido una constante en el sistema legal de antaño, antes no solo era difícil que se cometa un delito aberrante como los que proliferan ahora, sino que cuando ello ocurría existían pocas posibilidades de poder probar y acreditar la responsabilidad de una persona sindicada por un delito de gravedad, por ello es que lo más justo y sensato era eliminar la posibilidad de aplicar una media extrema.
Sin embargo, en los tiempos actuales, en donde la era de la tecnología y la revolución de las comunicaciones ha restado la imposibilidad de grabar muchos hechos, así como las pruebas de laboratorio ahora pueden establecer que una persona ha ultrajado a otra con el análisis de los restos seminales en la victima, se tiene que recapacitar sobre esta negativa a imponer medidas extremas.
En el caso comentado, del desquiciado que asesinó a Jimenita luego de haberla ultrajado, existen imágenes de las cámaras de seguridad que demuestran que el sujeto fue quien la secuestró, hay una prueba idónea que lo puso al descubierto y quizás la principal para que el sujeto termine confesando su delito.
Ya no podía seguir negando que no sabía nada de ella porque todos hemos visto como se la llevó en su bicicleta y, tras los luctuosos hallazgos, era evidente que este sujeto era el responsable del asesinato de la menor, como lo ha terminado confesando.
Ahora bien, si la ciencia ha avanzado tanto, si la tecnología pone mucho de su parte y si las condiciones jurídicas pueden ahora establecer con mayor certeza la responsabilidad de una persona en la comisión de los delitos graves, la pegunta que todos nos debemos hacer es ¿Por qué no pensar en comenzar a debatir la posibilidad de volver aplicar la pena de muerte para estos casos repudiables y repulsivos para aquellos que se les demuestre plenamente su responsabilidad en los hechos?
¿Cree alguien que este demente pueda rehabilitarse en la prisión? ¿Puede alguien pensar en que este sujeto pueda dejar de ser un peligro para la sociedad? ¿Con los antecedentes que tiene, puede esperar algo en prisión si es que se le aplica la pena de cadena perpetua como le correspondería?Â
Hay que comenzar a responder muchas interrogantes y pensar, sobre todo, que no podemos seguir ya siendo testigos de excepción y privilegiados de una pantalla diaria de delitos aberrantes que tiene como víctimas a inocentes niños. Hemos tomado conocimiento del caso de una niña de apenas 12 años que ha dado a luz un bebé tras quedar embarazada a consecuencia de un ataque sexual. Una niña con la vida desgraciada y un desgraciado que seguramente será condenado a unos años de cárcel y luego saldrá al acecho de otras víctimas. Â
Es mejor que el congreso se dedique a debatir estos temas de coyuntura y de capital importancia colectiva, antes que perder el tiempo en enfrentamientos políticos banales, los parlamentarios deben escuchar la voz del Pueblo y ella demanda en este momento medidas más efectivas contra esta lacra de violadores y asesinos.