Conforme pasan los días, se van conociendo más detalles sobre el requerimiento mixto presentado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en el sonado caso “La Centralita”, donde existen 60 investigados con acusación y un promedio de 25 investigados para quienes se les ha pedido el sobreseimiento (archivo).
Fuentes confiables del Poder Judicial y del Ministerio Público han coincidido en señalar que el Fiscal Elmer Chirre Castillo ha solicitado 30 años de cárcel para el ex presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar; 25 años de cárcel para el ex gerente de la Sub Región El Pacífico, Luis Arroyo Rojas y 22 años de cárcel para los ex congresistas Heriberto Benites Rivas y Víctor Crisólogo Espejo.
Además, la Fiscalía pidió 30 años de cárcel para al ex jefe de gestión electoral de la ONPE José Luis Cavassa Roncalla; 24 años de cárcel para el ex gerente de infraestructura del gobierno regional de Ancash Dirsse Valverde Varas y 22 años de cárcel para el empresario Martín Belaunde Lossio.
El fiscal Elmer Chirre presentó la acusación ante el primer juzgado de investigación preparatoria, a cargo de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho. El documento consta de 6.015 páginas en las que se describen los actos ilícitos que habría cometido Álvarez y sus colaboradores, la pena aplicable en cada caso y para cada uno de los involucrados y las pruebas que sustentan cada caso.
La entrega de la acusación comenzó el martes último y culminó ayer viernes. Junto a la acusación se presentaron 1.973 tomos que suman más de 356 mil folios o páginas. El Poder Judicial exigió a la fiscalía que presente una copia impresa de la voluminosa acusación, para cada uno de los acusados.
La Fiscalía incluyó en la acusación a las empresas Ilios Producciones, Nueva Corporación del Norte, A&E Ancash Telecomunicaciones y Constructora Nolberto Odebrecht como terceros civilmente responsables.
La acusación se sustenta en la declaración de 9 colaboradores eficaces, 14 testigos protegidos, cientos de documentos contables, el historial de cuentas bancarias intervenidas, contratos y diversos peritajes.
En el caso de la constructora Odebrecht, fue incluida, por los pagos realizados para el contrato de construcción de la carretera Chacas-San Luis, vía depósitos bancarios efectuados en bancos de China y que han terminado siendo repatriados al país.
Para la Fiscalía, en la Región Ancash y durante la gestión de César Álvarez Aguilar (2007- 2014), funcionó un centro de espionaje de opositores políticos y periodistas que fue financiado con fondos sustraídos del Gobierno Regional de Ancash.
Como medida de prevención, la Fiscalía solicitó al juzgado que disponga el impedimento de salida del país para los acusados que se encuentren en libertad, a fin de asegurar su comparecencia al próximo juicio público.
EXPLICACIÓN DE LAS PENAS
César Álvarez y los otros 59 procesados son acusados de delitos de asociación ilícita, violencia a la autoridad, colusión, peculado, encubrimiento y lavado de activos y como quiera que en el Nuevo Código Procesal Penal existe el concurso real de delitos (las penas se suman), al ex presidente regional le debería corresponder 123 años de prisión.
Ello, en razón que la fiscalía solicitó que el ex presidente regional de Áncash reciba una condena de 17 años de prisión por asociación ilícita, 15 años por violencia y resistencia a la autoridad, 5 años por colusión, 10 años por peculado y cuatro condenas (ojo con esto) de 18 años y 9 meses por cuatro hechos distintos de lavado de activos.
Sin embargo, la sumatoria de penas tiene dos límites: 35 años de cárcel o el doble de la pena del delito más grave. En el caso puntual de Álvarez Aguilar, el delito más grave es lavado de activos, 15 años de prisión. Así, la sumatoria de pena que le corresponde es de 30 años.