Luego de superar una serie de inconvenientes e impases inesperados, el consejo regional de Ancash logró al fin sancionar la vacancia del vice gobernador Enrique Vargas Barrenechea por causal de inhabilitación por haber recaído sobre aquel una condena por delito doloso que lo ha llevado a purgar cinco años de carcelería.
El acuerdo se sancionó el último fin de semana tras superarse el inconveniente surgido en el seno del consejo regional luego de la inesperada renuncia del secretario técnico del consejo regional, quien se encarga de convocar a la sesión extraordinaria y gestiona las notificaciones y las formalidades que requiere este procedimiento.
La dimisión del funcionario se produjo, precisamente, cuando el Jurado Nacional de Elecciones había dispuesto que se convoque a la sesión extraordinaria que se pronuncie por el tema de la vacancia y ante el accionar de un ciudadano y de un grupo de consejeros regionales que estimaban que había la intención de dilatar este trámite y de no sancionar la vacancia del encarcelado ex gobernador.
Empero, esta era una mera subjetividad que nacía de un primer acuerdo sancionado por el consejo regional que desestimó el pedido de vacancia formulado por el mismo ciudadano, empero, esta decisión de adoptó por una razón legal sustentada en la carencia de la copia certificada de la ejecutoria suprema que había confirmado en todos sus extremos la condena impuesta por la justicia de Huaraz contra Vargas Barrenechea.
Cierto es que la decisión de la última instancia era de dominio público en la medida que los medios de comunicación estuvieron pendientes de ella y la dieron a conocer apenas se colgó en el portal del organismo jurisdiccional, sin embargo, ello no basta para que el consejo regional sancione la vacancia por cuanto este procedimiento responde a un trámite absolutamente formal y que acarrea nulidad cuando no se observan los requisitos, uno de los cuales era la acreditación de la condena con la ejecutoria pertinente.
Curiosamente, este documento obraba en poder del Jurado Nacional de Elecciones en la medida que, por mandato de una ley, la Corte Suprema remite al organismo electoral las sentencias condenatorias que en instancia definitiva se dictan contra quienes ejercen cargos públicos a efectos que proceda conforme a sus atribuciones.
Por ello es que cuando el ciudadano recurre al organismo electoral alegando que el consejo regional se niega a sancionar la vacancia, el JNE expide una resolución aparejando la copia certificada de la ejecutoria suprema y ordenando al organismo legislativo de Áncash que proceda a reunirse una vez que se hayan formulado las notificaciones y se cumpla el procedimiento que prevé la ley para estos casos.
De allí que el inconveniente nace en la renuncia del secretario técnico, un funcionario que no puede ser remplazado por cualquier otro en la medida que su designación implica el cumplimiento de ciertos requisitos, de tal suerte que el gobierno regional no podía imponer otro a su capricho y la designación de su remplazante no podría efectuarse en el término de unos días o una semana.
Pese a ello el Fiscal Provincial de prevención del delito intervino el consejo regional a instancias de los mismos y testarudos personajes que demandaban se realice la sesión al guerrazo y, en lo que constituye un exabrupto, le otorgó un plazo de 24 horas al consejo regional para designar a un nuevo secretario técnico y convocar la sesión de consejo.
Sin embargo, el consejo regional debió proceder con un funcionario suplente y convocó a la sesión con las formalidades de ley, se tomó el tiempo necesario para efectuar las notificaciones personales y recabar los cargos de recepción para los efectos de ser comunicados al máximo organismo electoral como éste lo había demandado.
Por ello es que el pasado fin de semana se ha completado todos los trámites y papeleos y se ha cumplido con una vacancia que está prevista en la ley, es absurdo pensar que ha existido el ánimo de impedir este acuerdo porque la causal se consolida con la existencia de una condena en instancia definitiva, no existe argumento alguno que pueda desvirtuar este escenario jurídico en Ancash.
Inclusive, es tan formal este procedimiento que a pesar que no existe manera de rebatir la sanción de vacancia, el acuerdo no se puede remitir de inmediato al JNE sino que se debe esperar pacientemente que se cumpla el plazo de ley que tiene el interesado para poder presentar, si lo tiene a bien, un recurso de impugnación contra la decisión de los consejeros, lo que dilata aún más este trámite y hace trizas la paciencia de los promotores de este trámite en Huaraz.
Sin embargo, así lo determina la ley, por lo demás lo que buscan quienes alegan que se ha dilatado el trámite de la vacancia es que se elija de inmediato otro gobernador cuando ello no es así, el propio organismo electoral ha precisado que los acuerdos debidamente diligenciados se remiten a esa instancia para los efectos de cancelar las credenciales que se le extendieron a Enrique Vargas.
En circunstancias normales, cuando no existen gobernadores habilitados, el jurado nacional de elecciones debe disponer que de inmediato el consejo regional elija a un Gobernador encargado, empero, en Ancash ya existe uno y ha sido elegido, precisamente, por el consejo regional de Ancash, el gobernador en funciones Luis Gamarra Alor no ha sido impuesto a dedo y menos se le ha otorgado una encargatura por emergencia.
De allí que el Jurado Nacional de Elecciones está en la facultad de ratificar la elección de Luis Gamarra y convertir el mandato provisional que se le había otorgado en uno definitivo, teniendo en cuenta que a la fecha ya se encuentra en marcha el proceso electoral para elegir a una nueva autoridad regional y que solo restan 9 meses para que concluya el periodo de gobierno.
Designar un nuevo gobernador a estas alturas solo equivaldría a incrementar la tremenda inestabilidad que ha caracterizado a Ancash en los últimos tres años, se ha cambiado hasta en tres ocasiones a los gobernadores y ello solo perjudicó a nuestra Región, eso es algo que debe tomar en cuenta el organismo electoral pues tenemos el vergonzoso precedente que por vez primera se declara en una Región la vacancia del Gobernador y el Vice Gobernador por condena por delito doloso. Esto es una lástima pero es nuestra penosa realidad.