Los Fiscales provinciales, superiores adjuntos y provinciales adjuntos del distrito Fiscal del Santa han iniciado una medida de fuerza negándose a trabajar, es decir una huelga en el más estricto sentido de la palabra, sin embargo, como ellos se encuentra legalmente impedidos de poder adoptar acciones de este tipo, lo que han hecho es declararse en sesión permanente y de esta manera se han apertrechado en el auditorio de la sede del Ministerio Público de Chimbote.
Bajo este montaje de las sesiones permanentes, los Fiscales no atienden una sola carpeta fiscal que tienen a su cargo y lo hacen porque están reclamando mejoras salariales, quieren incrementos en sus remuneraciones en función a la homologación de sus salarios en función al porcentaje de lo que perciben los magistrados de la Corte Suprema de la república.
Los promotores de esta medida de fuerza han señalado que su ley orgánica ha establecido que las remuneraciones de los magistrados se calcula en función a lo que perciben los magistrados de la máxima instancia, es decir, se calculan con un porcentaje de esos montos, empero, curiosamente, nadie quiere revelar de que montos se habla, cuanto es lo que exigen los fiscales y cuanto es lo que perciben hasta la fecha.
Por lo menos los medios locales que han entrevistado a los cabezas visibles de esta mal llamada “huelga blanca”, no han tenido la suerte de hallar una respuesta, los magistrados delegados como voceros eluden diplomáticamente responder estas interrogantes y hasta el momento la protesta se sustenta solo en palabras más y palabras menos.
Sin embargo, en el concierto colectivo, por lo menos de Chimbote, la protesta de los fiscales no tiene mucho fundamento, por lo menos no se concilia con los resultados de la labor que desempeñan, el respaldo a las exigencias y expectativas de los justiciables y la baja calidad de las disposiciones que emiten.
Hay que hacer la salvedad que esto no lo dicen los medios de comunicación como para presumir que existe de por medio alguna supuesta animadversión, por el contrario, los archivos periodísticos nos ayudarán a no faltar a la verdad cuando señalamos que esto lo ha expresado los jueces de la provincia y las estadísticas de las entidades públicas, como la corte del santa y la procuraduría pública.
Muchos deben recordar que el año pasado se generó una suerte de enfrentamiento entre la Fiscalía Anticorrupción con el Procurador Anticorrupción del Santa, luego que éste emplazara a los Fiscales a resolver las carpetas que estaban en sus despachos y que ya cuentan con plazos vencidos, incluso, en alguna oportunidad planteó una petición de control de plazos, como se le conocer ahora a la acción por la cual alguna de las partes exige al juzgador que pase a una etapa siguiente del proceso porque se han vencido los términos señalados por la ley,
De la misma manera, el ex Juez anticorrupción Eudosio Escalante Arroyo emplazó a los fiscales anticorrupción a emitir sus disposiciones fiscales en razón que ya se les había vencido el plazo, ocasión en la que se pudo conocer que no se trataba de diez o 20 expedientes que estaban postergados y paralizados sino de varias decenas.
Esto es lo que corresponde a la cantidad, empero, también existen serios cuestionamientos en lo que concierne a la calidad del trabajo realizado por los Fiscales de nuestra ciudad y los medios locales han difundido muchos casos en los cuales los fiscales se han visto emplazados por los jueces por las acusaciones deficientes o los pedidos fuera de lugar, han devuelto las carpetas para que fueran corregidas por los fiscales y hasta se han generado conflictos por este motivo.
Hace solo unos días los chimbotanos han tomado conocimiento que un Fiscal del sistema anticorrupción de Chimbote, tiene en su despacho más de seis meses una carpeta relacionada con un proceso penal seguido contra el ex presidente regional César Álvarez Aguilar y ex funcionarios del Proyecto Especial Chinecas, por más de seis meses sin que haya evacuado su disposición fiscal.
Este caso si es digno de precisarse en la medida que se trata del proceso penal que se inició cuando los medios de comunicación sorprendieron a dos camionetas de propiedad del proyecto Chinecas que se pusieron al servicio de un paro provincial convocado por el ex presidente regional César Álvarez para presionar al gobierno central, unidades que eran utilizadas para transportar los almuerzos que se les entregó a los áulicos que se prestaron para llevar a cabo la mencionada paralización.
A pesar que las evidencias son concluyentes, no se entiende cómo es que después de 4 años de denunciados estos hechos, hasta el momento la Fiscalía no puede plantear una acusación y no contribuye a que este caso haya terminado hace tiempo con una sentencia como corresponde, por el contrario, ha demostrado absoluta inoperancia.
Y es que el caso ha concluido en agosto del año pasado y el fiscal comunicó un mes después al Juez que se había completado la investigación y procedería a expedir su disposición pertinente en el plazo de 15 días, empero, han transcurrido más de seis meses y hasta la semana pasada no lo hacía.
Una verdadera burla para los Chimbotanos que podrían pensar válidamente que la situación del Ministerio Público secuestrado en la época de la red de corrupción no ha cambiado en absoluto porque se están “enterrando” las investigaciones contra los ex funcionarios regionales, seis meses es demasiado como para pensar otra cosa.
Por ello es que llama poderosamente la atención que los Fiscales emprendan huelgas que califican como “blancas” para reclamar una mejora de sus salarios cuando el resultado de su labor deja muchísimo que desear, cuando no justifican con hechos y cifras que la eficiencia los respalda ante esta clase de demandas.
Menos aún pueden tener algún impacto cuando ellos mismos se niegan a revelar cuanto es lo que ganan y cuanto es lo que pretenden. Cierto es que eso es un derecho y nadie los puede obligar a dar a conocer lo que ellos no están dispuestos a hacerlo, lo que no se entiende es como reclaman cuando nadie conoce cuan ciertas son esas exigencias. Estamos ante una huelga “demasiado blanca”, nos parece que los representantes del Ministerio Público deberían comenzar por demostrar a los justiciables que han superado las notorias deficiencias que ya se conocen y que los resultados de su trabajo no son los pobrísimos que todos conocen, para esperar que la comunidad también participe con ellos en sus requerimientos. Eso está más claro que el agua.