La reciente intervención de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, que culminó con el desalojo de invasores en la manzana G2 de la Urbanización Los Héroes, debe ser saludada como una acción firme y necesaria en defensa de los espacios públicos. No se trata únicamente de recuperar jardines o liberar veredas: está en juego el principio fundamental del respeto a la ciudad como espacio de convivencia ordenada y equitativa.
Durante mucho tiempo, algunos sectores han visto en las áreas públicas una oportunidad para instalar comercios informales o construir viviendas improvisadas, amparándose en la falta de acción oportuna de las autoridades. Así, jardines, parques y vías diseñadas para el bienestar colectivo han terminado convertidos en negocios particulares, con alquileres ilegales que lucran con lo que nos pertenece a todos. En Los Héroes, pese a los informes municipales y las notificaciones enviadas, los ocupantes ilegales decidieron permanecer en el lugar, obligando a un desalojo con la fuerza pública.
El proceso seguido en este caso es una muestra de que existen instrumentos legales suficientes para actuar en defensa de los espacios públicos. No se requiere judicializar eternamente estos procedimientos: las normas permiten que, siguiendo el debido proceso administrativo y respetando los derechos fundamentales de los involucrados, se pueda restituir el orden sin necesidad de engorrosas batallas legales.
Este desalojo debería convertirse en un precedente para todo el distrito, e incluso para la región. Porque, lamentablemente, en muchos otros lugares las áreas públicas siguen siendo ocupadas de manera ilegal ante la pasividad, la falta de decisión o, peor aún, el temor de las autoridades. Resulta inaceptable que en algunos distritos vecinos —como en Casma, donde la ocupación de terrenos públicos amenaza una obra de infraestructura necesaria— no se intervenga con la celeridad que el caso exige.
El respeto por los espacios públicos no es un capricho ni una cuestión de autoridad despótica. Es, sobre todo, una cuestión de justicia social. Cada metro cuadrado de parque, de vereda, de alameda, pertenece al conjunto de la ciudadanía, y su ocupación indebida afecta especialmente a los más vulnerables: a quienes no tienen otra opción para pasear, recrearse o desplazarse que los espacios comunes. La ciudad debe ser inclusiva, accesible, ordenada y segura, y eso solo se logra si las autoridades actúan con firmeza frente a quienes pretenden apropiarse de lo que es de todos.
En Nuevo Chimbote, se ha dado pasos importantes. No olvidar que después de más de 30 años desalojaron al Rico Chimbote. Ojalá estas dos acciones, sean el inicio de una política sostenida de recuperación de espacios públicos, que tenga continuidad en el tiempo y no dependa de la voluntad de turno de un alcalde o de presiones circunstanciales. Defender lo público es defender nuestra calidad de vida, nuestro derecho a una ciudad mejor y más justa.