La Minera Poderosa confirmó, a través de un comunicado, el asesinato de los 13 trabajadores mineros secuestrados en Pataz, región La Libertad, por delincuentes aliados de la minería ilegal.
«Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los trece (13) trabajadores que fueron secuestrados enPataz por mineros ilegales coludidos con elementos criminales», puntualiza el documento.
En ese sentido, la minera expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, compartiendo su dolor y pesar por tan terrible pérdida.
Recordó que el secuestro se produjo el pasado 26 de abril luego de un ataque a las operaciones de un “minero artesanal en proceso de formalización con el que Poderosa mantiene contrato de explotación, secuestrando a un grupo de sus trabajadores.
”Suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades», puntualiza el comunicado.
Añade que estos luctuosos sucesos se suman también a lo acontecido ayer, en una operación formal en Alacoto, Pataz, donde otra incursión de mineros ilegales y grupos criminales habría resultado en la toma de instalaciones de una planta.
«El espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da pese a la declaratoria del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial, que lamentable no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona», precisa el comunicado.
Es por ello que reiteran el llamado urgente al Gobierno a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que vienen operando en Pataz.
Considera que para ello hace falta fortalecer el trabajo de inteligencia y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Sin embargo, no será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la Policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada”, anota.
Agrega que mayor responsabilidad le corresponde a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas que, a pesar de los requerimientos planteados, sigue sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción.
“Lo mismo por parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del REINFO han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”, indica.
Finalmente, el comunicado señala: “Lo sucedido en Pataz da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilícita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte. Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde”.