El ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció ayer la creación de un comando unificado, liderado por un general del Ejército del Perú (EP), para combatir el crimen organizado (minería ilegal) en la provincia de Pataz, región La Libertad, tras expresar su pesar por el “execrable asesinato de trece compatriotas” en dicha zona.
“La respuesta del Ejecutivo ha sido inmediata y el decreto supremo que ha comentado el premier, de alguna manera, enmarca cuál será la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú: se ha prorrogado el estado de emergencia por 30 días, a partir del 9 de mayo, y el control del orden interno lo asumirá las Fuerzas Armadas”, indicó.
Desde el fin de semana, señaló, han habido reuniones con la participación del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior, el comandante general de la PNP, entre otros oficiales, para detallar cuáles serán las actividades a ejecutar.
“Desde el sector Defensa, apenas se publique el decreto supremo, se tiene que formular y difundir una resolución ministerial con las orientaciones políticas para que sobre la base de ello el Comando Conjunto pueda formular sus directivas”, comentó.
Liderazgo
Astudillo destacó que “una de las medidas importantes y diferentes a las otras acciones es la creación de un comando unificado que será liderado por un general del Ejército, que reúne cualidades de liderazgo y quien va a coordinar la actuación de los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú”.
La Policía Nacional “tiene profesionales especializados para actuar contra la minería ilegal; entonces, esas capacidades no se pueden desaprovechar”, enfatizó al adelantar que a este comando unificado se le dará “un empleo articulado para que sea más efectivo”.
Otros actores importantes son el Ministerio Público, el Poder Judicial, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entre otros.
“Este trabajo del Gobierno no se iniciará mañana. El que habla, desde el primer día que ocupó el cargo, estuve en Pataz el 14 de febrero del año pasado, porque, precisamente, se había decretado el estado de emergencia el día anterior, el 13 de febrero”, señaló.
Amenaza
El ministro Astudillo afirmó que “la minería ilegal es una de las amenazas que afectan la seguridad del país y no solo la seguridad, sino también al desarrollo. Es por ello que todos los peruanos debemos unirnos para hacer frente a esta amenaza”.
“Les comentaba que desde el año pasado tuve la oportunidad de visitar Pataz, reuniones con las tres principales empresas mineras de la zona y en todo momento recibí el apoyo de ellas porque son parte interesada, son parte del problema y nosotros, como Estado, tenemos que brindarle el mayor apoyo posible, independientemente de analizar cómo se origina este problema”, sostuvo.
Remarcó, en ese punto, que “el Estado tiene la obligación de brindar la seguridad para el desarrollo de esas operaciones, que son importantes para el país. La minería constituye una actividad económica principal para el país”.
280 policías especializados
Tras remarcar que el Gobierno siempre ha estado pendiente del flagelo de la minería ilegal, Astudillo comentó que hubo un compromiso de la minera Poderosa de contribuir con el terreno y la construcción de una instalación adecuada para un frente policial, como se habló en un primer momento.
“Hace un mes se verificó que las instalaciones, donde se instalarán 280 policías especializados, estaban avanzadas en un 95 %. También está prevista la construcción de tres puestos de control, uno de ellos está al 95 %”, detalló.
“Las fuerzas del orden solas no ganarán la batalla”, aseveró durante la conferencia de prensa ofrecida al término de la sesión del Consejo de Ministros.