El Procurador Anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia destacó la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de anular la sentencia absolutoria en contra de todos los procesados en el sonado caso NEHALEM.
Sin embargo, si se mostró bastante extrañado de la posición de la Fiscalía Superior que pretendió abdicar a su labor de perseguir el delito y retiró la apelación en el extremo de la ahora ex alcaldesa Victoria Espinoza García, situación a la que se opuso la Procuraduría y que la propia Sala Penal no aceptó.
“Hoy vemos con mucha satisfacción que la Sala Penal advirtió que la sentencia absolutoria que dictó la Jueza Patricia Peralta Gambini no estuvo debidamente motivada y no valoró todas las pruebas que se presentaron y discutieron en el juicio oral, antes de emitir su pronunciamiento, por eso ha ordenado que un nuevo juez realice un nuevo juicio oral” manifestó Richard Asmat.
“La Jueza ni siquiera tomó en cuenta los informes periciales correspondientes, eso lo ha hecho notar claramente la Procuraduría y los jueces superiores lo han podido corroborar en la audiencia de apelación de sentencia absolutoria. Nosotros creemos que es lo más justo, que se vuelva al juicio y que se valoren los medios de prueba y que se resuelva indicando porque los toman en cuenta o porque no” añadió el Procurador Anticorrupción del Santa.
Asmat Urcia también dijo que el fallo había sido unánime y que si bien es cierto puede ser impugnado por la defensa técnica de los procesados que pueden recurrir a la Corte Suprema en casación, sin embargo, ello no suspende la resolución judicial que ordena que se realice un nuevo juicio.
“Los abogados de los procesados han planteado casación y por ello tiene diez días hábiles para fundamentar su pedido, eso significa que el expediente aun permanecerá en Sala. Una vez que se remita una copia del expediente a la Corte Suprema, al mismo tiempo, se derivará la documentación al Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ahora a cargo del Juez Fernando Joseph Arequipeño, quien deberá programar la nueva fecha del juicio oral” enfatizó.
En este proceso penal, serán procesados nuevamente la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, el actual alcalde provincial Julio Cortez Rojas, los funcionarios de la comuna provincial, Micaela Flores Gómez, Javier Menacho Méndez (gerente y subgerente de infraestructura), el exfuncionario Aquior Mendoza Mendoza (autores) y el empresario constructor Oscar Randy Robles Camarena (cómplice primario), todos ellos acusados de la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado.
Para ellos, el Ministerio Público solicitó se les imponga una pena de prisión efectiva de 5 años de cárcel, a excepción de Aquior Mendoza Mendoza para quien se le ha solicitado 3 años de prisión efectiva en razón de tener responsabilidad restringida por ser una persona mayor a los 65 años. También se les ha pedido una inhabilitación de 3 años para ejercer la función pública y el pago de una reparación civil de 200 mil nuevos soles.
Se les acusa de haber favorecido con irregularidades a Consorcio NEHALEM con la buena pro y ejecución de la obra “Mejoramiento de agua potable y desagüe del sector III de Chimbote por un monto de más de 14 millones de soles.