Por: Fernando Zambrano Ortiz.
Analista Político
El nuevo terminal portuario multipropósito en Chimbote es mucho más que una obra de cemento y acero. Es una esperanza concreta para miles de familias de Áncash y regiones vecinas como La Libertad, Cajamarca, Huánuco y Ucayali. Con una inversión que supera los 200 millones de dólares, este puerto permitirá recibir grandes barcos, facilitará el comercio y fortalecerá sectores que mueven la economía local, como la agroindustria y la pesca. Pero lo más importante es que traerá empleo, desarrollo y oportunidades reales para la gente.
Se estima que durante la construcción se generarán más de 2,000 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero el proyecto va más allá de la generación de empleo temporal. La concesión incluye un fondo social que destinará el 3% de los ingresos brutos anuales para proyectos que mejoren la vida de las comunidades: acceso a agua potable, saneamiento, salud, educación, electrificación y vías de comunicación. Este fondo no es solo un compromiso económico, es una apuesta por el bienestar de los niños, las mujeres gestantes, los adultos mayores y todos los vecinos que merecen mejores condiciones para vivir.
Además, este fondo social apoyará la capacitación y formación técnica de los jóvenes y adultos, para que puedan acceder a empleos de calidad y construir un futuro más sólido. La idea es que el puerto no solo sea un motor económico, sino también un motor social que impulse el desarrollo sostenible y la inclusión.
No es casualidad que proyectos similares, como el megapuerto de Chancay, hayan transformado comunidades enteras. Allí, gracias a la alianza entre el Estado y la inversión privada, miles de personas encontraron trabajo, las familias vieron cómo sus barrios crecían y mejoraban, y la economía local se revitalizó. Si hubiéramos cerrado la puerta a la inversión privada, hoy no tendríamos esos avances ni esas oportunidades.
Es importante entender que el Estado, con sus limitaciones financieras y técnicas, no siempre puede asumir solo proyectos tan grandes. La colaboración con empresas privadas, bajo reglas claras y supervisión transparente, es la mejor manera de hacer que estas obras se conviertan en realidad sin sacrificar recursos públicos que podrían destinarse a otros servicios esenciales.
Por otro lado, el nuevo terminal portuario multipropósito en Chimbote impulsará la creación de una Zona Económica Especial Privada (ZEEP), transformando a la ciudad en un importante centro logístico con múltiples beneficios. Esta zona permitirá el desarrollo de actividades industriales como ensamblaje y maquila, atrayendo inversión privada y generando empleo de calidad. Además, la ZEEP facilitará la instalación de empresas “ancla” que aporten valor agregado, promoviendo la industrialización regional y mejorando la competitividad del puerto y de la economía local en general.
Lamentablemente, la oposición política que enfrenta el proyecto en Chimbote parece más preocupada por sus candidaturas, o por controlar cargos y recursos, que por el bienestar de la población. Criticar la participación privada sin ofrecer alternativas viables solo pone en riesgo un futuro mejor para miles de familias.
Este proyecto es una oportunidad única para Áncash y el norte del Perú. No se trata solo de construir un puerto, sino de construir esperanza, progreso y calidad de vida. Dejemos a un lado las disputas políticas y trabajemos juntos para que Chimbote crezca y sus habitantes tengan las oportunidades que merecen.
Porque al final del día, el verdadero compromiso debe ser con la gente, con su bienestar y con un futuro donde todos podamos salir adelante. No podemos permitir que intereses políticos cortoplacistas nos hagan perder esta oportunidad.