Manotazos de ahogado. El ex rector de la Universidad San Pedro, José María Huamán Ruiz y sus coimputados, condenados por el sonado caso “abogados fantasmas” en agravio de la Universidad San Pedro, han ratificado su pretensión de acudir a la audiencia de apelación ante la Primera Sala Penal, para dejar sin efecto la resolución judicial que revocó la condena condicional por pena efectiva a ser cumplida en el Penal de Cambio Puente.
Esta audiencia de apelación inicialmente estaba prevista para realizarse el último viernes 6 de abril, sin embargo, en razón que la defensa técnica del sentenciado José Quesada Pisfil comunicó que tenía audiencias continuadas en otro colegiado, se reprogramó la audiencia para el viernes 20 de abril.
Con la aceptación del representante del Ministerio Público, Fiscal Superior Víctor Meza Torres y los abogados de los sentenciados; la Primera Sala Penal, conformada por los magistrados Carlos Maya Espinoza, Frey Tolentino Cruz y José Manzo Villanueva, decidieron postergar esta audiencia.
Como se sabe, el pasado 7 de diciembre del año 2017, al no haber cumplido ni mostrado voluntad de pagar la reparación civil, el Juez Jhon Pillaca Valdez, revocó la prisión suspendida por prisión efectiva en el caso de los abogados fantasmas de la Universidad San Pedro y ordenó la captura e internamiento en el Penal de Cambio Puente, del Rector José María Huamán Ruiz y sus co- sentenciados.
Junto a José María Huamán Ruiz, también se dictó orden de captura en contra de los abogados Alberto Toro Castro, César Varas Rosas, Tania Leonor Baca Escurra, José Luis Quezada Pisfil y el empleado Leo Michael Llumpo Jacinto, quien cobraba los cheques de las asesorías fantasmas para entregárselos al Rector.
Todos ellos fueron condenados inicialmente a tres años de prisión suspendida, por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la Universidad San Pedro, sin embargo, se les fijó una serie de reglas de conducta, bajo responsabilidad de revocarse la pena suspendida y variarla a prisión efectiva.
Entre estas reglas de conducta figuraban el pago de 500 mil soles de reparación civil y la devolución de lo injustamente apropiado 3 millones 355 mil soles a razón de cuotas mensuales de 321 mil 256 soles, condición que ninguno de los imputados cumplió con pagar.
Los condenados buscan anular esta decisión judicial, basados en el argumento de que no hubo requerimiento de pagos y que si hay voluntad de cumplir con los abonos, pero al tratarse de una fuerte suma de dinero, piden un poco más de tiempo.